Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
No puede existir una democracia cuando se pretende ejercer el poder sin límites y se manda al diablo el orden jurídico que asigna a otros poderes del Estado facultades constitucionales de control para evitar los abusos. En Guatemala hemos llegado ya al punto en el que quien ostenta el cargo de Presidente de la República se atreve a calificar si las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad le gustan o no y a las que no van en la línea que él quiere, las tilda de órdenes ilegales, contando con la complicidad de la estructura de las élites que avalan los desmanes como producto de la “autoridad legítima” no obstante que hay una clara posición de ilegalidad que sólo se puede comparar con el Serranazo.
Para hoy se pretende denunciar el acuerdo con Naciones Unidas que dio vida a la CICIG para evitar que avancen nuevas investigaciones que temen que sean demoledoras, según lo que han comentado como explicación para la prisa por acabar de una vez por todas con la Comisión. Y sabiendo que la Corte de Constitucionalidad es la piedra en el camino, están avanzando con las denuncias en contra de tres magistrados (que se han convertido ya en cuatro) que de manera consistente han defendido el Estado de Derecho, acciones que perfilarán de manera clarísima al gobierno de Guatemala con características aún peores que las del gobierno de Nicaragua en cuanto al afianzamiento de una dictadura.
La dictadura, por supuesto, no es una dictadura de Jimmy Morales quien es apenas instrumento del verdadero poder en el país para asentar la dictadura de la corrupción que garantice absoluta impunidad a quienes en complicidad han ido cooptando al Estado a lo largo de muchos años. Y precisamente por ello es que se han ido aprobando las leyes de impunidad que despenalizaron el financiamiento electoral ilícito para que siga la fiesta que ha facilitado asegurar que el poder sea usado única y exclusivamente para acumular privilegios para unos pocos mientras el resto se tiene que conformar con la migración como única esperanza de vida.
Denunciar el acuerdo con Naciones Unidas es la tapa al pomo, pero como se trata de otra acción arbitraria cometida en abierta violación de la normativa legal porque ese acuerdo implica derechos humanos, saben que el valladar vuelve a estar en esa misma Corte de Constitucionalidad que ayer corrigió el desaguisado al no permitir el ingreso al investigador que, como cualquier colombiano, no necesita visa para entrar al país y a quien un vocero de la Fundación contra el Terrorismo definió como peligro para el Estado de Guatemala porque ha sido de los que han investigado al Presidente. La vieja tesis autoritaria de que “el Estado soy yo”.
En otras palabras, les urge el manotazo a la Corte de Constitucionalidad porque saben que mientras estén los magistrados de la dignidad presentes tendrán que nadar contra la corriente, y eso es algo que no están dispuestos a hacer. De suerte que, en paralelo, mientras la Canciller comunica en Nueva York la decisión de Morales, convocarán al Congreso con urgencia y verán cómo se escabechan a la Corte.
