Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarrouin@lahora.com.gt
@ppmp82
Aprovechando que los primeros días del año generan en algunos una mayor ilusión por diversas cosas y alcanzar metas, creo importante ahondar en la alerta de lo que significa que algunos sigan apoyando arbitrariedades y ataques al Estado de Derecho solo porque ahora sienten que les conviene o que les da tranquilidad presente y futura.
Lo que se está dando en Guatemala es la última etapa del total asalto a la democracia por parte del Ejecutivo, de la Junta Directiva del Congreso y varios diputados más, así como de algunos magistrados que desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se han prestado a lo que estiman necesario y para ello han contado con el insoslayable apoyo de algunos particulares poderosos que han encendido a una base que cree en lo necesario la rendición de cuentas de Baldetti y sus similares, pero no más.
El antecedente de Nicaragua es la luz que necesitamos los guatemaltecos para entender de una vez por todas. Allá se dispusieron a aceptar todas sus ilegalidades por lo que dijo la exembajadora de EE. UU. en el sentido que “como no había tanta violencia” podían elegir sacrificar la democracia, el Estado de Derecho o la elección de socios internacionales; además les seducía que Daniel Ortega recibía en su despacho a cualquier local o extranjero que quisiera pactar con él las condiciones para invertir en Nicaragua.
Le apoyaron en sus perversas intenciones y tarde se dieron cuenta que crearon un monstruo que cuando necesitó derrocar el Estado de Derecho dijo presente, cuando necesitó recurrir a la violencia no le tembló el pulso, cuando quiso coartar libertades no le faltó la determinación y cuando quiso empezar a encarcelar a quien alzó la voz, no le remordió la conciencia.
Muchos de aquí vieron mejor la paja en Nicaragua que en el ojo propio y por eso demandaban de los empresarios nicas mayor determinación en contra del régimen totalitario porque vieron que las cosas se salieron de las manos.
Dicho todo lo anterior, es incomprensible cómo aquí hay muchos que no se dan cuenta que al apoyar las causas de Jimmy Morales, la JD del Congreso, algunos magistrados y sus aliados particulares lo que están haciendo es pavimentar una supercarretera para llegar a los mismos niveles que Nicaragua.
Hay gente que no tiene la entereza para decirlo, pero no les molestan los errores que como todos pueden haber tenido el Ministerio Público (MP) al mando de Thelma Aldana y Consuelo Porras y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) al mando de Iván Velásquez. Lo que les ha resultado imperdonable es que no se haya cumplido la regla no escrita de que en el país la justicia tenía límites y no miraba a algunas personas de cierto nivel de poder político o adquisitivo.
Por esa razón dispusieron que cualquier acusación viola la presunción de inocencia, que la rendición de cuentas debe ser voluntaria y pedida sin coerción y han intentado que la honorabilidad sea adquirida por decreto (de esos que han logrado sacar de la mano de sus diputados) y no por los hechos del día a día.
Y eso ha sido suficiente para que se termine apoyando un asalto a la democracia, una ofensiva para socavar el Estado de Derecho y el uso del Estado para satisfacer penas particulares, haciendo que la suma de todos los factores, no solo pongan en riesgo la democracia y el Estado de Derecho sino también la estabilidad macroeconómica, dando plena certeza que no haremos nada por lo micro y el acortamiento de las brechas sociales.
Me resisto a pensar que gente educada y pensante pueda ser parte de esa patraña que no le podrán explicar a sus hijos.
