Víctor Ferrigno F.
Ayer por la tarde la ciudadanía guatemalteca vivió vergüenza ajena cuando, en la 73 Asamblea General de la ONU, Jimmy Morales mintió una y otra vez contra la CICIG e Iván Velásquez, en un discurso incoherente y desesperado, semejando el pataleo del ahorcado que, inútilmente, trata de librarse de la soga que le asfixia.
Mientras tanto Jafeth Cabrera, actuando como Presidente en funciones, anunciaba que no dejarán ingresar al país al comisionado Velásquez, en abierta desobediencia a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), confirmado una vez más la ruptura del orden constitucional.
A sabiendas que contra la sentencia de la CC solamente cabe el recurso de aclaración y ampliación, el Organismo Ejecutivo presentó una improcedente recusación contra los magistrados del órgano constitucional, pretendiendo establecer que la sentencia aún no está firme, por lo que Velásquez no puede retornar.
De oficio, la Fiscal General está obligada a investigar y procesar a los funcionarios que se han negado a acatar la sentencia de la CC: el Presidente y el Vicepresidente; los ministros de la Defensa, Gobernación y Relaciones Exteriores; el Director General de Migración; el Procurador General de la Nación, etc. Esta conducta delictuosa de los funcionarios agravará la crisis político-institucional que sufrimos actualmente, con graves consecuencias políticas, económicas y sociales.
Todo lo anterior es una cortina de humo, que el Pacto de Corruptos ha levantado para ocultar su preocupación de fondo: el caso de lavado, por más de mil millones de quetzales, que se destapó con la captura de Manuel Baldizón, a cargo del FBI, y que la CICIG y el MP han venido trabajando desde hace tiempo.
Es imposible que Baldizón haya podido lavar un monto de tal envergadura, sin contar con la complicidad de funcionarios de la Superintendencia de Bancos, de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de directivos de diferentes bancos, y de agentes de la inteligencia del Estado. A los incrédulos, hay que recordarles la protección que Édgar Barquín, cuando era Presidente del Banco de Guatemala, le brindó a la red de lavado de dinero de Chico Dólar. El exfuncionario ya fue condenado a dos años y seis meses de prisión inconmutables, por tráfico de influencias.
Decenas de banqueros, funcionarios, politiqueros, militares y agentes de seguridad van a tener que rendir cuentas ante la ley. Se trata del caso política y judicialmente más complejo, pues se tipifica la presunta comisión de delitos de alta peligrosidad, en colusión con el Pacto de Corruptos y con las redes internacionales de narcotráfico.
Ya es conocido que con esos fondos, provenientes del crimen organizado, se financiaron varios partidos políticos, tales como Lider, Patriota, FCN-Nación y Reformador. Presuntamente, Alejandro Sinibaldi es cómplice de esta red de lavado de activos.
La excontadora del FCN-Nación ya testificó que, siendo Secretario General, Jimmy Morales administró el financiamiento electoral ilícito, tanto de origen legal como del crimen organizado.
Estas son las causas verdaderas por las cuales el Pacto de Corruptos, que incluye a banqueros y empresarios, se oponen al regreso de Iván Velásquez, aspirando a la impunidad que históricamente han gozado. Pero el Pueblo de Guatemala ha dicho ¡basta! y se ha echado a andar.
