Víctor Ferrigno F.
Actualmente, Guatemala sufre dos calamidades públicas; la derivada de la erupción del Volcán de Fuego, y la generada por un aparato estatal cooptado por fuerzas espurias, que buscan beneficiarse de las arcas públicas y generar impunidad, magnificando las carencias estructurales que vive la población excluida, que se debate entre la pobreza, el hambre, la represión y los daños sociales por fenómenos naturales.
Es un crimen de lesa humanidad que el Gobierno no haya evacuado a las comunidades ubicadas alrededor del Volcán de Fuego, con todas las evidencias de riesgo existentes, pues registra una fase eruptiva desde 2002, y que en 2017 estuvo en actividad de forma continuada. El 17 de mayo, un lahar (aludes de sedimentos volcánicos) de 25 metros de ancho descendió por la ladera del volcán, y entre el 19 y el 21 de mayo se observaron explosiones y nubes de cenizas volcánicas.
El 3 de junio, el día de la tragedia, desde las 6:00 de la mañana el Instituto Nacional de Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) alertó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) sobre la erupción con flujos piroclásticos del Volcán de Fuego. Durante las siguientes siete horas, hasta la gran erupción, el Insivumeh emitió otros dos boletines especiales que fueron ignorados por el Gobierno.
A media tarde, el volcán eclosionó con gran fuerza y dejó sepultada la aldea San José Los Lotes, afectando a varias más, con un centenar de muertos. El volcán anticipó varias semanas la calamidad y, como es usual, las autoridades nada hicieron, dejando un saldo de 97 muertos, según los Bomberos Voluntarios, decenas de heridos, 4 mil evacuados y 1.7 millones de ciudadanos afectados, y el riesgo sigue por las avalanchas.
Los heridos fueron trasladados a un sistema hospitalario colapsado, que solicita al público los insumos y medicinas que el Gobierno no le proporciona. Recientemente, la PDH encontró medicamentos con diez años de vencimiento.
Como siempre, fueron los bomberos y los grupos sociales quienes apoyaron a los afectados. Luego se sumó la Policía Nacional Civil y el Ejército. Ni un solo ministro o diputado se ha querido apersonar a la zona, por el riesgo de enlodarse los zapatos y codearse con un pueblo víctima del abandono, que más temprano que tarde les habrá de pasar la cuenta.
Fue patético que Jimmy Morales y el Secretario de Conred justificaran su criminal falta de acción por escasez de dinero, ya que el Congreso debía aprobar el Estado de Calamidad, para utilizar los Q192 millones presupuestados para emergencias. Suena a mucha plata, pero en realidad son apenas Q113.00 por persona afectada.
Mientras se rescatan cadáveres, se atiende a los evacuados, se colectan insumos y se enfrentan nuevas avalanchas, en el Congreso el Pacto de Corruptos convocaron a dos sesiones extraordinarias para modificar el delito de financiamiento electoral ilícito, exonerando a los Secretarios Generales y estableciendo que es excarcelable. Además, quieren aprobar la normativa sobre aceptación de cargos a cambio de excarcelación, y la ley que maniata a las ONG de desarrollo que les critican. Lava revuelta, ganancia de corruptos y corruptores.
En el Organismo Judicial, por su parte, la Sala Tercera de Apelaciones viola la independencia de la jueza Erika Aifán, criminalizándola para que cambie su fallo sobre el caso migración, sirviendo a los corruptos que ella está procesando.
Guatemala está ubicada en el cinturón volcánico, en la ruta de los huracanes y entre dos enormes fallas sísmicas que constantemente golpean a nuestra tierra, pero la peor calamidad que sufrimos es la lacra de políticos corruptos, empresarios venales y militares impunes, que nos llevan hacia un holocausto. Hay que evacuarlos a todos.
