Adrián Zapata
zapata.guatemala@gmail.com
Dirigentes y bases del movimiento campesino han sido asesinados en un lapso de pocas semanas, entre ellos Ramón Choc, Mateo Chaman y José Can Xol, del CCDA; y Luis Arturo Marroquín, Florencio Pérez Nájera y Alejandro Hernández, de Codeca.
Sin embargo, la ciudadanía no se indigna ni enardece ante esta virtual vuelta al pasado, cuando se asesinaba a los dirigentes campesinos en Guatemala.
Con justa razón, todos los guatemaltecos (as) que están hartos de la corrupción y la impunidad se rasgan las vestiduras y protestan. Pero es el momento de reflexionar, en el sentido de no permitir que esta justa lucha termine por invisibilizar otras problemáticas fundamentales, entre las cuales ha surgido esta situación que están afrontando las organizaciones campesinas. Y es que no es poca cosa que en aproximadamente un mes se asesine a seis dirigentes campesinos. Deberían encenderse todas las alertas y provocar fuertísimas reacciones ciudadanas para que esta situación se detenga.
Pero la situación de invisibilidad se empeora con la tragedia nacional sufrida a partir de la erupción del Volcán de Fuego, ya que la atención está ahora absorbida por ese terrible drama que sufrieron, una vez más, los mismos de siempre, es decir los campesinos, que en Guatemala son generalizadamente pobres y por los cuales luchan las organizaciones campesinas que están siendo golpeadas con la represión desatada contra ellas.
En este contexto, es necesario analizar las condiciones que favorecen y posibilitan que estas acciones violentas sucedan. El clima de polarización que se ha gestado y que domina el panorama político nacional se promueve por la acción del gobierno y de otros actores interesados en limitar la lucha contra la corrupción, intentando hacer creer a la población que quienes la impulsan son actores que en el pasado estaban ligados a la insurgencia y que ahora pretenden continuar con su pretensión de tomar el poder de diversas instituciones y eliminar a quienes las sostienen. Reviven así el contexto de la contrainsurgencia y señalan como enemigos del sistema a quienes pretenden depurarlo.
Se ha llegado a ubicar en esta categoría a las organizaciones campesinas, junto a los defensores de derechos humanos, los periodistas y hasta a instituciones estatales como la PDH, el MP y la Corte de Constitucionalidad. Inclusive a la CICIG se le incluye en este listado de “subversivos”. El mismo gobierno ha señalado la “tolerancia” del MP ante las acciones y manifestaciones campesinas que califica de delictivas. Se ha llegado al extremo, igual que en el pasado, de levantar la bandera de la “soberanía” para enfrentar a esos “enemigos” de la patria. Nada de todo lo referido es ajeno a la criminal contrainsurgencia de los años de la guerra.
Si dejamos que la violencia política, porque eso es lo que ya está sucediendo con los asesinatos de estos dirigentes campesinos, avance, el escenario inmediato será catastrófico para el país.
Por eso, hace falta que la conciencia ciudadana vaya más allá de su enardecimiento ante la corrupción, que trascienda la bondadosa caridad ante las víctimas de la erupción volcánica.
Las luchas de los pobres y excluidos que una vez más son las víctimas de esta tragedia y cuyas luchas son lideradas por las organizaciones campesinas no deben ser reprimidas. No debemos permitir que se reviertan los avances democráticos alcanzados como producto de los Acuerdos de Paz firmados hace casi veinte años. El gobierno de Jimmy Morales corre el riesgo de pasar a la historia no sólo como mediocre y encubridor de la corrupción y la impunidad, sino que también como el responsable de empujar al país al abismo del pasado criminal que creímos superado.
