Todos sabemos que el futuro de Guatemala realmente está en manos de lo que los guatemaltecos decidamos hacer, finalmente, en cuanto a la existencia de un sistema corrupto que aprovecha la impunidad para facilitar el saqueo de los recursos públicos que debieran servir para promover oportunidades para todos. Sin embargo, en el muy corto plazo podemos decir que el futuro está en manos del Ministerio Público porque es evidente que se redoblan las acciones legislativas para emitir leyes que promuevan más impunidad, con la idea de que disponiendo de una Fiscalía complaciente, queda sepultado todo el esfuerzo que desde hace más de tres años se viene realizando para combatir a las mafias incrustadas en el Estado.
Es imposible predecir el impacto que el cambio de timonel tendrá en el Ministerio Público, pero es importante señalar que variar el rumbo puede ser mucho más difícil de lo que se pueda uno imaginar porque los casos que se han presentado no son montajes ni están basados en pruebas superficiales sino que constituyen duros golpes a esas mafias que han venido operando con total impunidad y que, de pronto, se toparon con una eficiente labor investigativa que permitió llevar a los tribunales a políticos poderosos y sus cómplices. Dejar tirada toda esa prueba requeriría de toda una gran estructura de fiscales que, bajo la dirección de una Fiscalía General que tendría que actuar con mucho descaro, vayan permitiendo que se caigan uno a uno todos los procesos que se siguen en la actualidad. Y es evidente que la ciudadanía estuvo siguiendo con detenimiento todo el proceso de postulación de candidatos a Fiscal General y con esa misma actitud irá acompañando el trabajo que se haga desde el Ministerio Público.
En la coyuntura actual no podemos esperar que del Congreso nos vaya a salir alguna legislación orientada a fortalecer la lucha contra la corrupción puesto que, todo lo contrario, de manera casuística se están preparando leyes que tienen como objetivo, precisamente, despenalizar aquellas actitudes que hoy son tipificadas como delito sujeto a castigo penal. La mejor prueba es la forma en que se está manoseando el tema del financiamiento electoral ilícito entregado en forma anónima, puesto que lo que pretenden es que no haya forma de castigar las actitudes contrarias a la ley que han destruido nuestra institucionalidad.
Por ello es que el papel histórico que le tocará jugar a la abogada Consuelo Porras es inmenso porque en sus manos y sobre sus hombros recaerá la responsabilidad del enorme parteaguas que es la lucha por acabar con la tradicional impunidad reinante.
