Víctor Ferrigno F.
“Hecha la ley, hecha la trampa”, sentenciaba mi abuelo, cada vez que yo le decía que quería ser abogado, igual que mi padre. Hombre práctico, aprendió por experiencia propia que la ley puede ser retorcida y, de esa manera, se deniega la justicia pronta y cumplida.
Después de más de veinte años de participar en distintos procesos e instancias de reforma de la justicia, confirmé la veracidad de la sentencia de mi abuelo. Por ejemplo, gracias a la participación ciudadana se quiso transparentar y legitimar los procesos de selección de jueces, magistrados y fiscales, mediante el sistema de Comisiones de Postulación. Inmediatamente, el crimen organizado aportó fondos, contrató operadores políticos, corrompió funcionarios y hasta creó universidades de cartón, para amañar la selección de operadores de justicia, a fin de garantizarse impunidad.
El trabajo de investigación de la CICIG y el Ministerio Público (MP) ha develado cómo operan esas estructuras criminales, y cómo se beneficiaron los empresarios venales, los políticos corruptos y los militares genocidas, gracias a nuevas formas de corrupción e impunidad, lo cual ha sido su destino manifiesto desde la Colonia.
Mario López Larrave, insigne laboralista, definía la ley como la codificación del poder. Es decir, en países con democracias débiles, las normas se crean para perpetuar los privilegios y las canonjías de aquellos que detentan el poder.
¿Cómo es que el poder termina siendo ley? Se pude hacer por la fuerza y el miedo, o se puede lograr mediante la alienación de la ciudadanía, legitimando dicho poder, como sucede hoy día. Al respecto, los insignes teóricos del Derecho, Norberto Bobbio y Michelangelo Bovero, sostienen que la legitimidad “es el conjunto de principios, creencias, sentimientos, valores y reglas que justifican el poder y lo convierten en Derecho”. Es decir, somos las y los ciudadanos quienes, al ejercer el poder soberano, legitimamos las leyes de beneficio social o las espurias.
Durante el Conflicto Armado Interno, el Ejército y la oligarquía impusieron su ley a sangre y fuego. Quien protestaba se moría, y la sociedad se inmovilizó por terror. Con la nueva Constitución y las leyes que de ella emanaron, tuvieron que convencer a la ciudadanía que eran necesarias para el crecimiento del país, aunque muchas privilegiaban al poder económico, político y militar. Esa fue la labor de los medios de comunicación, las religiones y la anticultura.
Hoy día es evidente que en el Pacto de Corruptos participan el crimen organizado, los empresarios corruptores, los legisladores venales, las empresas de comunicación, las religiones y los sistemas educativos. Así impusieron un dominio de clase, en una sociedad donde los oprimidos aplauden las imposiciones de los opresores.
Pero en 2015 la ciudadanía se insurreccionó, identificó a los actores del Pacto de Corruptos, sacó del poder a los más visibles, el MP y la CICIG los procesó y hoy día nos corresponde rescatar al Estado, para ponerlo al servicio del bien común, promoviendo una Asamblea Nacional Constituyente, de poder originario, para definir un nuevo modelo de Estado, más democrático y justo, que responda a la naturaleza multinacional del país.
En ese contexto, la ciudadanía debe fiscalizar que la elección de Fiscal General, Contralor General de Cuentas, Rector de la Usac y otros cargos, respondan al interés del país, no al de los poderes fácticos.
Participemos en la marcha convocada por la Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad el jueves 12 de abril, y exijamos que en la lista de candidatos a Fiscal General se incluyan solamente a mujeres y hombres que tengan la idoneidad, capacidad y honorabilidad necesaria. De lo contrario ¡volvámonos a insurreccionar!
