Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Hoy se realiza la audiencia de primera declaración del caso Transurbano que puso en evidencia parte del saqueo que se ha hecho de los recursos públicos para financiar el pésimo servicio de transporte urbano en la ciudad de Guatemala, prestado por mal llamadas empresas privadas que en realidad han sido parapeto para justificar una sangría que se mide en miles de millones que viene desde cuando se dispuso “subsidiar” a los transportistas para evitar que subieran el precio del pasaje, allá por la década de los años setenta.
Y desde entonces el sistema se fue pervirtiendo, como pasa generalmente con todo en nuestro país, para alentar la corrupción mediante la supresión de cualquier tipo de fiscalización, al punto de que se llegó a entregar el subsidio sin que nadie certificara que los autobuses realmente estaban prestando servicio y circulando el tiempo que los empresarios decían. Nuestra Contraloría no cumplió jamás con su deber de fiscalizar ese dinero que se entregaba a particulares a cambio, en teoría, de la prestación de un servicio que tenía que ser seguro y eficiente, pero que jamás fue ni lo uno ni lo otro.
Transurbano fue finalmente algo así como la joya de la corona porque se creó un proyecto que era resultado de las famosas deudas políticas que se adquieren con financistas y con los que de alguna manera contribuyen a sufragar las campañas políticas. El gobierno de Colom estaba comprometido con los dueños de buses para pagarles por sus contribuciones y encargó nada más y nada menos que a Gustavo Alejos, el gran operador de todos los negocios, que coordinara el esfuerzo que se concretó con el famoso acuerdo en Consejo de Ministros que hoy tiene en el banquillo de los acusados a quienes, con su firma, dieron vida al sucio negocio que terminó siendo una estafa. Estafa de tal calibre que supera a la que se hizo en la Municipalidad con los famosos buses rojos de tiempos de Berger, negocio operado por González Díaz Durán y que no difiere en mucho con el que ahora se juzga, puesto que igualmente hubo sobrevaloración de buses y se comprometió al Estado como aval para el financiamiento del trinquete.
El caso es que la investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha permitido judicializar un caso que es escandaloso y en el que hay Ministros que por firmar resultan embarrados, junto a otros que por no tener los faroles de mandar al chorizo a la entonces Primera Dama ahora están enfrentando a la justicia. Tengo la impresión de que casi todos los encartados, excepción hecha del mismo Colom, no recibieron dinero del trinquete aunque le hayan dado vida. Pero en todos los casos hay que señalar que están allí por descuidados, los más, y por nagüilones los que supieron lo que estaban haciendo, pero les faltaron pantalones para repudiar las instrucciones de la poderosa mujer de Colom.
Lo cierto del caso es que el Estado fue defraudado en muchos millones y que ya es tiempo de que los funcionarios que facilitan esos trinquetes paguen las consecuencias, además de aquellos que tranquilamente se embolsaron el pisto.
