En los últimos días hemos visto abundantes pruebas de cómo funciona nuestro sistema y de la importancia que en el mismo tienen tanto la corrupción como la impunidad que la ampara y, sobre todo, la alienta. De manera consistente los juzgadores que han tenido la tarea de actuar como pesquisidores en los antejuicios planteados contra distinto tipo de funcionarios públicos protegidos por la inmunidad que les otorga el derecho de antejuicio, han desestimado los señalamientos formulados por la CICIG y el MP, recomendando que se mantenga la inmunidad, en lo que es una muestra clarísima de cómo opera el sistema y para qué es que se han integrado tan cuidadosamente las distintas Salas de Apelaciones y aún la misma Corte Suprema.
Por si fuera poco, luego de que en el curso del Caso Cooptación del Estado quedara clarísima la importancia que tiene el financiamiento electoral en esa forma perversa de destrucción de la verdadera democracia, la Corte de Constitucionalidad decidió, sin que nadie se lo pidiera, ordenar al Congreso que legisle para establecer la pena para aquellos casos en los que el dinero no proviene del narcotráfico, del lavado de dinero o del crimen organizado. Todos sabemos que quienes operan esa clase de delitos lo que pretenden cuando dan financiamiento es que se les deje actuar sin interferencias del Estado, mientras que los otros financistas lo que aseguran son privilegios que desvirtúan la misma función del Estado porque concentran todas las negociaciones con la intención de sacar el máximo provecho, evitando así que los fondos públicos puedan ir al impulso de políticas que busquen el bien común y el desarrollo sostenido de los pueblos.
Siendo obvio que es mucho más dañino para la democracia el financiamiento electoral “anónimo pero decente” que el que provenga del crimen organizado, debiera preservarse el espíritu de la norma actual que por lo menos los equipara, porque ambos están en el mismo artículo, que establece la pena, y lo que hay son dos definiciones para dos hechos distintos, pero la CC ni siquiera reparó en los efectos que tiene uno y otro tipo de aportaciones que se hacen para financiar a los políticos.
Los procesos contra los corruptos se entrampan en el litigio malicioso porque hay una clara apuesta a evitar resoluciones hasta que se tenga un Fiscal General ad hoc que cese la persecución y facilite a los defensores desvirtuar los casos presentados, por sólidas que hayan sido las pruebas que no tendrán peso relevante si los fiscales a cargo dejan de hacer su trabajo.
Apenas unas pruebas como botón de muestra.
