Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
En el Índice de Corrupción que anualmente presenta Transparencia Internacional nuestro país sigue de mal en peor porque retrocedió cinco puestos a pesar de lo que podríamos considerar como avances en la lucha contra ese crimen que, cometido en un país con las carencias y pobreza de Guatemala, se convierte en uno de lesa humanidad y gravísimo pecado. Y es que desde el 2015 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público dieron golpes muy duros a los corruptos, al punto de que al día de hoy hay dos expresidentes presos, una vicepresidenta, numerosos ministros de Estado, funcionarios de variados niveles y muchos particulares. Sin embargo, y pese a ello, la percepción de corrupción en Guatemala sigue en alza y ello tiene que entenderse en el marco de la forma en que han operado los que se benefician de ella y cómo diseñaron el pacto que ha fortalecido y unido a los operadores del saqueo del Estado.
Los esfuerzos de investigación que se demostraron con la presentación del Caso La Línea y han continuado con infinidad de sonoros y escandalosos procesos hasta llegar al de Transurbano que se presentó este mes, parecen condenados al fracaso porque el Pacto de Corruptos ha logrado reposicionar a la Dictadura de la Corrupción y se espera que en mayo, cuando el Presidente tenga que designar al nuevo Fiscal General, todo quede sellado para ponerle fin a ese experimento que generó muchísima expectativa local e internacionalmente, pero que no puede avanzar debido al control que los corruptos ejercen sobre los tres Organismos del Estado.
Y es que en medio del manoseo de términos jurídicos que se ha hecho para confundir a la población debe destacarse que no sólo se juega maliciosamente con lo de la presunción de inocencia, el debido proceso y la prisión preventiva, sino también con el tema de la certeza jurídica y se llega al colmo de plantear que la lucha contra la corrupción afecta ese valor porque los inversionistas y funcionarios prefieren no invertir ni actuar pues temen que les caiga la viga como resultado de las investigaciones que nunca antes se habían hecho en el país y que ahora colocan a muchísima gente en riesgo porque, tristemente, la corrupción llegó a ser algo así como el deporte nacional en el que son muchos los que participan o quieren participar.
En cualquier país del mundo la comprobación de que el sistema está podrido y que los recursos públicos sirven para enriquecer a funcionarios que se colusionan con particulares, la ciudadanía se indigna y protesta. En cambio, los guatemaltecos nos resignamos a los avances del Pacto de Corruptos que se fortalece a marchas forzadas en todas las instancias, desde la misma Corte de Constitucionalidad que ayuda a despenalizar el financiamiento electoral ilícito, hasta el poder judicial donde se extiende la inmunidad a cualquier hijo de vecino que la alegue.
No puede ser de otra manera la percepción sobre la corrupción cuando el mismo Presidente abandera la lucha para acabar con los esfuerzos del MP y la CICIG, y lo hace de manera burda y abierta, aquí y en el extranjero, sin el menor rubor.
