El comportamiento ayer de la jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, está llamado a pasar a la historia a la par de aquella expresión de Jimmy Morales de que hay que perseguir el delito pero no a los delincuentes. Pero en Morales se entiende tamaña torpeza, pero que una abogada que desempeña una judicatura para casos de mayor riesgo diga que la Constitución no establece inmunidad para quienes integren tribunales militares “pero tampoco la prohíbe”, refiriéndose al Comandante de la Guardia de Honor, general Melgar Padilla, constituye una barrabasada que debiera llenar de vergüenza a todo el Organismo Judicial.
Es inaudito el pasivo comportamiento de una ciudadanía que está viendo cómo en los tribunales se plantea la trinchera final de los corruptos en esta guerra contra la corrupción que ha prostituido a todas las instituciones. Vemos una resolución que hasta los que no entienden de derecho perciben como una real y oscura mañosería, pero no reaccionamos ni siquiera ante la certeza de que serán los tribunales los encargados de ponerle la tapa al pomo a la lucha para derrotar a un sistema corrupto.
De conformidad con el peregrino criterio de la juzgadora, los árbitros de fútbol, que son jueces para decidir inapelablemente, también podrían alegar que gozan de inmunidad porque tienen a su cargo administrar justicia en los partidos de fútbol. Y lo mismo cabe para los jueces de concursos de belleza que califican a las postuladas y deciden, también sin derecho a apelación, sobre las ganadoras de las competencias. Los tribunales militares fueron despojados de poder jurisdiccional en 1996, a lo que se debe agregar la sentencia 207/2003 de la Corte de Constitucionalidad en la que se establece que únicamente gozan de inmunidad y derecho de antejuicio quienes desempeñen los cargos expresamente señalados por la misma Constitución.
Pero todo ello valió gorro a la jueza Claudette Domínguez, quien no tomó en cuenta esos argumentos sólidos y prefirió basar su fallo revocando la orden de captura en un oficio enviado por otro militar asegurando que Melgar Padilla es juez que goza del privilegio de la inmunidad.
En el nuevo orden legal que deberá surgir para enmendar los vicios que apañan la corrupción y la impunidad deberá ponerse especial atención al tema de la inmunidad de los funcionarios públicos, a la luz de la manera en que ese anacrónico privilegio sigue sirviendo en Guatemala para garantizar que los funcionarios públicos puedan escapar de la justicia. Ni siquiera que la jueza pueda tener una hermana militar, extremo que no negó al ser cuestionada, justifica la barrabasada.
