Francisco Cáceres Barrios
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Muchos somos los desencantados porque la jueza a cargo del Tribunal Quinto de Primera Instancia Penal, licenciada Leticia Secaida, haya recomendado que no se le retire la inmunidad al alcalde Álvaro Arzú, quien fue señalado por el Ministerio Público y la CICIG por los delitos de peculado y financiamiento electoral ilícito, al haber recibido bienes y servicios para una campaña electoral de su Partido Unionista provenientes de quien en vida fuera Byron Lima, asesinado el pasado 18 de julio de 2017 en la cárcel de Pavón y porque los mismos fueron sufragados con fondos municipales. Por lógica, es natural apreciar una reacción de tal naturaleza, cuando bien sabemos que la mayoría de veces eso ha ocurrido y que bien puede seguir sucediendo.
Por ello es que en casos de este tipo hay que tener en cuenta los antecedentes de los juzgadores quienes, como en el caso presente, se han distinguido por dictar resoluciones que abierta y claramente han favorecido a personajes que se han caracterizado por no ser funcionarios precisamente probos y honestos y hasta incluso, a exfuncionarios que se han declarado culpables, sin que las gestiones y alegatos del Ministerio Público como de la CICIG hayan merecido la debida atención. Por ello es que seguiremos insistiendo en decir que la lucha no fue, es, ni será fácil para quienes deseamos fervientemente erradicar la corrupción y la impunidad dentro de nuestro sistema judicial, porque de nada sirve ni servirá que se presenten pruebas y alegatos por demás demostrativos de la culpabilidad si los jueces, habiendo intereses creados de por medio, terminan haciendo lo que mejor se les antoja y conviene.
No queda otro camino que seguir el debido proceso, pues será la Sala Tercera de Apelaciones la que tendrá que conocer del caso de Arzú pero, aquí es donde surge la interrogante ¿se podrá esperar de sus tres integrantes una imparcialidad puesta a toda prueba, cuando uno de ellos está relacionado familiarmente con un secretario y cercano colaborador del presidente Morales, casualmente ahora amigo íntimo del Alcalde Metropolitano? ¿Así podremos guardar la esperanza que en nuestros tribunales haya al menos una pequeña intención de no dictar más fallos con tendencias politiqueras de sobra conocidas, cuando en esa misma Sala se llegó hasta anular la sentencia dictada en contra de dos militares acusados del desvío de Q30 millones del Ministerio de la Defensa en un gobierno reciente y para colmo de males, que esta misma Sala haya dejado en libertad a la popularmente conocida Blanca Stalling, al considerar que no existía peligro de fuga ni riesgo alguno en la investigación que se le estaba practicando? Así, amolados seguiremos estando.
