Arlena D. Cifuentes Oliva
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Indignación y repudio son los sentimientos que generan de la manera más tangible el hecho de la realización de una Consulta Popular en uno de los momentos más críticos y difíciles por los que atraviesa nuestro país. Frente a un pueblo que en su gran mayoría sobrevive día a día en la búsqueda desesperada para satisfacer sus necesidades básicas: alimentación, vivienda, falta de acceso a la atención en salud y a educación como derechos fundamentales del ser humano.
¿Reír o llorar?, la Consulta Popular sobre el Diferendo Territorial, Insular y Marítimo con Belice se constituye en una burla al pueblo. Si tan solo partimos de la manera en la que está formulada la pregunta, esta es aberrante. No cabe duda que quienes formularon la pregunta desconocían la realidad guatemalteca, ya que la misma está dirigida a un pueblo en el cual ni el analfabetismo ni el hambre son problemas latentes, no son angustias a resolver día a día por gran porcentaje de la población. Pregunto a quienes formularon la pregunta: ¿Creen ustedes, partida de idiotas, que el pueblo de Guatemala está en capacidad de comprender el significado y alcance de dicha pregunta?:
“¿Está de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva, y que esta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes?”
Para empezar el vocabulario utilizado así como la terminología la hacen ininteligible. Me atrevo a afirmar que un estudiante promedio universitario no es capaz de comprenderla, mucho menos la mayoría del pueblo que no ha tenido acceso a la educación. Su redacción, es ofensiva desde todo punto de vista. Si a esto agregamos los millones de quetzales que el Estado deberá invertir en esta farsa que lo que menos es, es una consulta y que a estas alturas carece de significado real para los guatemaltecos. Por otra parte no se ven esfuerzos por socializarla. Este debió ser el punto de partida. A pesar del escaso tiempo con el que se planificó la consulta, tan pronto se puso en agenda formalmente, tanto la Cancillería como el Ministerio de Educación debieron haber emprendido una ardua campaña de socialización. Esto por no mencionar, la información que debiera brindarse en los establecimientos educativos que obligadamente tendría que impartirse hasta que se obtenga una solución final para el diferendo.
En la actualidad, la solución entre Guatemala y Belice no está más cerca de resolverse que hace 150 años, la incapacidad de los negociadores y asesores guatemaltecos (Guatemala nunca ha tenido negociadores) nos ha alejado cada vez más de lograrlo. El hecho de que la extinta Comisión de Belice haya recomendado la firma del Acuerdo Especial en el 2008 sin haberse percatado de las modificaciones en la Ley de Referéndum de Belice y avalando una pregunta tan compleja para una población que, al contrario de la de Belice, no conoce en qué consiste el diferendo es una situación inaceptable, es, reitero, una burla al pueblo. El esfuerzo no va más allá de cumplir un formalismo internacional adquirido.
Para que pueda ser elevado a la Corte Internacional de Justicia, los guatemaltecos tendríamos que dar un voto positivo, por su parte Belice tendría que convocar también a un Referéndum en el que el 60% de su población empadronada tendría que emitir un voto positivo, lo cual es muy difícil que ocurra.
