Francisco Cáceres Barrios
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Cada vez que pueden a los diputados al Congreso de la República les encanta decir que son legítimos representantes de la población guatemalteca, algo que está completamente alejado de la verdad. Si bien llegaron a ocupar sus curules como producto de un proceso electoral, eso no significa bajo ningún concepto que hayan sido legítimamente electos, pues de sobra es conocido que el término legítimo en nuestro lenguaje significa que podría haber sido hecho o establecido de acuerdo a una ley o al derecho (conforme a la Ley Electoral vigente) pero olvidan a propósito que la otra acepción de legítimo es cuando el proceso electoral haya estado de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo y razonable.
La gran mayoría de guatemaltecos honrados y al menos con dos dedos de frente sabemos de sobra que la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos ha venido siendo redactada y modificada por politiqueros enquistados en el poder desde que cooptaron el sistema que actualmente nos rige, dando a los partidos políticos en exclusividad el poder de postular candidatos a diputados, lo que también a través del tiempo ha venido siendo manipulado hasta el punto que cualquier hijo de vecino, sin ninguna capacidad, experiencia, honradez e idoneidad, pero con un buen fajo de dinero en mano o por nepotismo, pueda adquirir el derecho a ser postulado, puesto que el régimen democrático adentro de los partidos no es más que una farsa o una simple y sencilla ilusión óptica.
Lo que se ha venido haciendo no es otra cosa que tratar de legitimar la elección de diputados dándole el cariz de legal o lícito pero extremadamente lejano a lo que es moral y ético, lo que provoca la imposibilidad de poder decir a los cuatro vientos que nuestros diputados fueron legítimamente electos. A lo anterior hay que sumar que la población a pesar de vivir tantos años en un país que se precia como republicano y democrático sigue sin poder seleccionar a sus legítimos representantes, lo que viene a ser igual al hecho de cuando se dispuso darles antojadizamente el rango de “dignatarios” cuando la gran mayoría han demostrado ser lo contrario.
Todo lo acontecido los últimos días nos vino a demostrar, una vez más, que nuestros mal llamados dignatarios del Legislativo volvieron a caer en el error de no garantizar siquiera la independencia de poderes permitiendo que el Ejecutivo siga imponiendo a través de componendas y malas artes sus caprichos o manipulando los hilos para colocar de la manera que mejor le puedan funcionar los títeres del hemiciclo parlamentario. ¡Qué pena, seguimos de mal en peor!
