Es notable el desconocimiento que tiene la opinión pública respecto a la Consulta Popular a la que ha sido convocada la ciudadanía con relación al tema de Belice. En el fondo se trata de lograr de la población el consentimiento para que la Corte Internacional de Justicia resuelva el diferendo territorial de acuerdo con lo pactado entre las partes en el año 2008. Desde el principio se habló de una consulta popular simultánea, pero a falta de coincidencia, el flamante Congreso ordenó por decreto que el Tribunal Supremo Electoral convoque y realice ese procedimiento a la mayor brevedad posible.
La pregunta que se formulará a los ciudadanos que acudan a las urnas es la siguiente: “¿Está de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que esta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes?”.
La Constitución ordena en su artículo transitorio 19 que toda resolución definitiva sobre el caso de Belice debe ser sometida a consulta popular, pero en el caso presente lo único definitivo es que Guatemala está resignando toda reclamación para dejarlo todo en manos de la Corte Internacional de Justicia. Pero sería elemental conocer cuál será el argumento de Guatemala ante esa Corte y qué es lo que persigue nuestro país en esa nueva etapa de la ancestral disputa.
Es un hecho que desde el gobierno de Serrano Elías, con Álvaro Arzú como Canciller, Guatemala prácticamente resignó los derechos reclamados a lo largo de muchísimos años. El reconocimiento unilateral, sin discusión previa y sin acuerdo específico sobre los límites entre los dos Estados (Belice fue reconocido como Estado) dejó a nuestro país en una situación de desventaja.
Nunca hemos tenido una conducción de la política exterior para presumir de ella y en las actuales circunstancias, sin plan y expectativa de lo que pueda ocurrir en la Corte Internacional de Justicia, la consulta popular no puede tener una participación representativa. El Gobierno no ha adelantado en absoluto cuál será su reclamo ante la CIJ ni ha dicho qué argumentos tiene para sustentarlo, lo que nos deja en situación delicada porque Belice usará toda su habilidad diplomática, que la ha probado y demostrado, para aniquilar cualquier argumento poco sólido y consistente que haga Guatemala con un Gobierno en el que la política exterior se ha vuelto errática y que a poco más de tres meses de la Consulta ni siquiera define posiciones.
