Eduardo Blandón
La elección del nuevo presidente del Congreso, Arzú Escobar, para el período 2018-2019, expresa el deseo de las élites por redoblar esfuerzos para imponerse a lo que sienten como una amenaza jurada a sus propios intereses. Para ello recurren a los medios que tienen a su alcance, incluyendo el combate ideológico a partir de los “centros de pensamiento” patrocinado por ellos.
Eso pone en evidencia no solo su preocupación, sino la voluntad por hacer, como dijo el Alcalde capitalino, “la guerra” dentro y fuera de los cuarteles. Guerra por ahora incruenta, pero que puede salirse de sus cauces si llevan a la desesperación a una población agobiada por el latrocinio a campo abierto y sin ningún escrúpulo.
Quienes están del lado de la justicia, deben apresurar el movimiento piezas y responder de inmediato para ejecutar las órdenes necesarias que pongan en su lugar a quienes han hecho del erario público su botín. Es urgente una vuelta más de tuerca para desajustar la conspiración que urden y ejecutan sin ningún reparo contra los que perciben como sus enemigos.
La población debe abrir los ojos y apuntar en sus agendas para no olvidar a los personajes que favorecen la impunidad. Uno de ellos, conspicuos y muy atareado en su activismo político oportunista, es el alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar. El político no pierde tiempo para operar en favor de quienes considera puedan ser sus bases para un trampolín que lo impulse en la realización de sus aspiraciones futuras.
Sin olvidar, por supuesto, a la mayor parte de los políticos del Congreso, que no dejan de anteponer sus beneficios económicos al bien del país. Debemos emprender una campaña de desacreditación que los exponga a la vergüenza pública y sientan pena y rubor de ser parte de un grupo de despreciables. Desafortunadamente, sus pecados no solo son y han sido de omisión, sino producto de acciones concretas en perjuicio del país.
De modo que lo ocurrido en el Congreso muestra, asimismo, el contubernio del alcalde Álvaro Arzú y Jimmy Morales, muy apremiados por poner fuera de circulación a la CICIG. No quieren la construcción de un modelo nuevo para Guatemala: justo, solidario y de beneficio social. Desean la perpetuación del viejo orden que ha demostrado ser beneficioso para las élites que juzgan el país de su propiedad.
Para conseguir semejante empresa, ahora que se sienten en desventaja, es primordial el ataque artero a la Prensa. Condenarla, criticarla, desacreditarla. Vender la idea de que “se le paga o se le pega”. Que nada más contra la democracia que la libertad de expresión. Y como guinda del pastel, acudir al discurso mendaz de la “autodeterminación de los pueblos”, el nacionalismo, que no es más que la defensa del interés de eso que una vez fue llamado “la patria del criollo”.
