El año pasado terminó con la jugada del gobierno de Guatemala para congraciarse con el presidente Donald Trump y empieza con la elección de la Junta Directiva del Congreso, decisión que marcará el rumbo de la agenda legislativa que discurre en la disyuntiva entre apuntalar la corrupción e impunidad y avanzar en la reforma del sistema político para erradicar esos vicios junto con la forma perversa de elegir autoridades en nuestro país, desde alcaldes hasta gobernantes.
Ayer el Embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, hizo lo que podríamos considerar su debut en el escenario político nacional con una declaración pública. De acuerdo a la apuesta de Jimmy Morales, el embajador debiera quedarse calladito para dejarlo orquestar a su sabor y antojo el Pacto de Corruptos para empezar así a cobrar la factura del abyecto chaquetazo. Sin embargo, la declaración institucional de la Embajada muestra que Estados Unidos mantiene su mismo compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad y advierte que si se elige una directiva que no esté alineada con ese esfuerzo, se vería muy comprometida la cooperación de su país con el nuestro.
Por supuesto que ya estarán haciendo cuentas, como con el cardamomo, para decir que la cooperación de Estados Unidos no es tan importante en el rubro de los ingresos para el país y que, por lo tanto, el llamado no afecta en absoluto las decisiones que tome el Congreso. Pero la verdad es que vivimos uno de los períodos más bajos en materia de relaciones internacionales luego de haber conformado el minibloque que votó contra la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que condenó el traslado de la Embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén. Y tampoco nos han aplaudido (fuera de Netanyahú y a medias en Estados Unidos) por el anuncio de trasladar nuestra propia Embajada.
Debe entenderse que Estados Unidos sigue privilegiando la lucha contra la corrupción y la impunidad y que esa línea desde la Embajada pesará mucho cuando se inicie el proceso de postulación. Los postuladores tendrán que recordarse que está vigente la Ley Magnitsky y que podrán ser condenados a una especie de muerte financiera si hay evidencias de que forman parte de maniobras para apuntalar la impunidad en nuestro país y para consolidar el clima de corrupción imperante. Cada decano, los presidentes del Colegio de Abogados y del Tribunal de Honor de ese Colegio, además del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, podrían verse impedidos hasta de tener tarjetas de crédito si sus nombres son incluidos en el oprobioso listado.
