Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Ayer el diario New York Times en español publicó un trabajo de Hugo Alconada en el que explica que antes de la Navidad, un antiguo ejecutivo de la firma alemana Siemens se declaró “no culpable” en un proceso que se le sigue por la acusación de haber lavado dinero para pagar un jugoso soborno a las autoridades argentinas en tiempos de Carlos Menem. Explica Alconada que tras declararse inocente, ahora el funcionario de Siemens será juzgado por una Corte Federal de Nueva York, marcando así un hito importante en la extensión de la justicia para castigar los casos de corrupción.
En la publicación se advierte que en América Latina la mayoría de los jueces y fiscales son reacios a procesar a personajes muy poderosos, política o económicamente, y que por ello adquiere gran importancia este proceso que se ventilará en una Corte Federal, puesto que es un indicador para quienes de alguna manera mueven recursos por el sistema financiero norteamericano para destinarlo a mordidas y sobornos o para lavar el producto de negocios ilícitos en el sector público.
En otras palabras, la visión continental que se tiene es de impunidad garantizada para ciertos sectores del poder real porque no es costumbre de jueces o de fiscales andarse metiendo con gente poderosa. La justicia siempre ha sido para los pelados y de esa cuenta florece la corrupción, porque lo que si genera certeza no es el Estado de Derecho, sino la Condición de Impunidad y por ello es que cuando se afloja empiezan a hablar de falta de certeza jurídica y de respeto a cuestiones como la presunción de inocencia simplemente porque se formulan acusaciones.
En ese sentido creo que Guatemala va por lo menos un paso adelante de lo que ocurre en el continente de acuerdo con la descripción publicada en el New York Times respecto a la situación general de América Latina en cuanto al combate a la corrupción. Ciertamente tenemos jueces y procedimientos que alientan la impunidad, pero también se produjo en nuestro país un viraje en términos de la investigación y eso hay que reconocérselo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y al Ministerio Público. Y si hemos de ser absolutamente honestos, hay que reconocer de verdad que fueron concretamente Iván Velásquez y Thelma Aldana quienes dieron el paso decisivo y quienes nos han puesto a la vanguardia del continente en logros concretos con investigaciones serias sobre distintas formas de corrupción y la manera en que el Estado fue cooptado a lo largo de varias décadas para privilegiar el pago de deudas políticas en vez de atender las necesidades de la población.
El caso Siemens fue enterrado literalmente en Argentina pese a las evidencias abrumadoras y a que la misma empresa reconoció su proceder corrupto al sobornar autoridades. Pero con todo y ese reconocimiento pasó como nos pasa aquí con Odebrecht, hay que decirlo, es decir que no hay procesos pese a la abrumadora evidencia.
Hemos avanzado, sin duda, pero falta materializar ese avance en cambios al sistema para evitar una vuelta a las viejas y lucrativas prácticas.
