Francisco Cáceres Barrios
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No es secreto para nadie que la desnutrición infantil en nuestro país ha ido creciendo de manera alarmante. No han sido suficientes los esfuerzos que hayan realizado tanto las autoridades gubernamentales, las empresas privadas y los programas de apoyo social a través de varias entidades dedicadas al servicio a la comunidad, aun sabiendo que un niño desnutrido no tiene la capacidad suficiente para aprender con la prontitud indispensable. De ahí que me haya impresionado saber de las palabras pronunciadas por Su Santidad, el Papa Francisco, cuando dijo: “La Iglesia debe acercarse a los pobres y no los pobres llegar por hambre a la Iglesia”.
Tampoco el Estado puede seguir viendo en los programas que son financiados con las contribuciones, impuestos y aportaciones de la ciudadanía un instrumento para satisfacer sus intereses políticos, sino que utilizando de manera correcta las palabras del Santo Padre, debieran acercarse a los pobres no para ganar votos en futuras contiendas electorales, sino en cumplimiento exacto de los fines y propósitos que establece el mismo Estado en su Carta Magna. No es que vea algo de malo que se utilice la pobreza de nuestra gente para entregarles juguetes a los niños de un orfanatorio o a los enfermos recluidos en un hospital o regalarles en Nochebuena un tamal y chocolate a la gente pobre, siempre y cuando los recursos del Estado, como el de sus entidades autónomas o descentralizadas se orienten prioritariamente para cumplir a cabalidad los fines para los cuales fueron creados.
Por ello tampoco estoy de acuerdo cuando se critica a quienes regalan cobijas a la gente que duerme, por cierto cada vez más voluminosamente en nuestras calles o que se les proporcionen alimentos a los indigentes o a la gente desvalida, pero siempre que no se desatienda a los niños pobres que, por la desnutrición de la que padecen no pueden aprender debidamente lo que se les enseña o que están condenados a no poder sobrevivir pasados sus primeros años de edad. Soy del criterio que la niñez debe tener el primer lugar en el orden de prioridades, porque es el futuro de nuestro país, pues en corto plazo sobre sus hombros va a recaer el destino de nuestra sociedad.
En nuestra Guatemala mucho se habla sobre los derechos inherentes a la persona humana en general, también sobre los menores de edad que transgreden la ley y más todavía, sobre la readaptación de los reclusos mayores de edad pero, ¿qué sigue ocurriendo con la obligatoriedad consignada en nuestra Constitución, para que el Estado proteja la salud física, mental y moral de los menores de edad?
