Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Creo firmemente que el país necesita un cambio profundo no sólo en las formas de elegir a nuestras autoridades sino en nuestro comportamiento colectivo ante la situación que se deriva de la existencia de un grosero régimen de corrupción y la abierta y manifiesta impunidad que con mucho tesón y empeño tratan de consolidar los que han sido usufructuarios de esa descomposición absoluta del país. A estas alturas ya se manifiestan los frutos del esfuerzo que se viene haciendo desde el Pacto de Corruptos para mantener el control de la situación e impedir el avance de los aires de renovación que se plantean desde sectores ciudadanos y será la elección de la Junta Directiva del Congreso el primer paso.
Mientras todos estábamos pensando en las fiestas y lo que implica la época navideña, los del Pacto de Corruptos trabajaban con intensidad y vigor para afianzar el acuerdo que tienen para apuntalar al sistema de la corrupción y la impunidad. Sin descanso y con la vista puesta en lo que viene, especialmente la elección de Fiscal General; el Presidente y los miembros de su partido han ido articulando acuerdos con otras bancadas igualmente comprometidas con el sistema para asegurar una directiva que sea garante de privilegiar una agenda parlamentaria que proporcione estabilidad a la clase política y conserve las reglas de juego.
Los ciudadanos en buena medida nos desentendimos de la problemática nacional embullados por las alegrías de la Navidad y el fin de año y ahora, cuando volvemos a la normalidad y el trabajo cotidiano, tenemos el deber de mostrarnos atentos a los acontecimientos porque se vienen acciones que pretenden sepultar de una vez por todas el esfuerzo iniciado en el 2015 cuando el pueblo en la Plaza fue factor determinante para que se concretara la persecución en contra de los responsables del saqueo del erario. Pero en lo que tenemos que reparar es que la corrupción no se inventó en el gobierno del PP ni terminó con la sindicación del Presidente y Vicepresidenta de la República porque es un mal enraizado hasta el mero cimiento de nuestro sistema político. Tanto así que con el Caso Cooptación del Estado apareció una muestra de algo mucho más profundo, es decir la forma en que nuestra democracia desapareció bajo el influjo del financiamiento electoral no sólo ilícito sino inmoral porque a partir del mismo se tejen los acuerdos para que el Estado sea puesto al servicio de aquellos que pusieron el dinero para sobornar, bajo el disfraz de los gastos de campaña, a quienes llegan al poder.
Los sueños de democracia acariciados en la década de los ochenta, cuando tras la sucesión de gobiernos surgidos de fraudes electorales se pensó en construir un modelo distinto, quedaron sepultados por la forma en que, desde la primera elección, se usó el financiamiento para comprar favores, empezando por los derechos de la televisión hasta llegar al derecho a saquear al Estado mediante contratos y compras viciadas por su origen espurio en los compromisos entre políticos y financistas.
Es tiempo de poner manos a la obra para cambiar ese sistema perverso y nuestro papel ciudadano es determinante en el empeño.
