Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Estamos por terminar una intensa semana en la que dominaron los temas del Presupuesto 2018 (desfinanciado y sin candados), de las reformas a la Ley Electoral (que el Congreso se niega a tomar con seriedad), de APM que pudo decir con bombos y platillos que operan una terminal que se fraguó con base en una descarada mordida, y los allanamientos del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) del jueves último ejecutados en las oficinas de Tigo quedando en claro que los procesos de investigación continúan a pesar de grandes esfuerzos por detenerlos.
En la Guatemala de hoy al tenor de las reglas actuales, bajo un podrido sistema de ejecución del gasto público, adjudicaciones y contrataciones, tener cualquier presupuesto y más uno como el que pretenden para el 2018 (con tanta deuda y con tan poca capacidad de pago), sigue siendo como darle para sus vicios a un adicto. Qué decir del nulo sistema de rendición de cuentas que es otro incentivo para la corrupción.
En el tema de las reformas a la Ley Electoral la mayoría de diputados y en especial muchos de los que conforman la Comisión de Asuntos Electorales (vaya firmitas cuyos jefes están perseguidos por la justicia), han hecho su mejor esfuerzo por mantener el sistema y han pretendido hacer leves ajustes que no resuelvan el fondo del problema.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó el jueves una iniciativa de reformas que tiene mejor pinta (sorpresivamente a decir verdad) y la Presidenta del TSE ha llamado a que la población se pronuncie en este momento tan definitivo en nuestra historia. Personalmente creo que abriendo los listados, bajando las barreras de entrada para formar partidos distritales y teniendo subdistritos, el tema de la paridad es necesario evaluarlo porque se puede lograr con participación en las urnas eligiendo a candidatos específicos, y me temo que se use como el derecho indígena en las reformas al sector justicia, es decir, para dividir, distraer y entrampar.
El tema de TCQ-APM nos representa un funesto antecedente porque muchos sueñan con lograr un “arreglo” de ese tipo, y simplemente yo me resisto a pensar que sobre esa premisa sea la que debemos construir el futuro y mandamos un terrible mensaje al mundo al operar una terminal que se fraguó al tenor de un burdo soborno.
Y el caso de Tigo resulta acaparando la atención, porque los entes investigadores siguen su curso y, además, genera expectativa toda vez que cuando se anunció la investigación de la empresa se dijo que también se indagaba al gobierno de la UNE y las influencias que la telefónica tuvo en el gobierno de Colom-Torres. El jueves en este medio dimos los allanamientos y la postura de la empresa, y serán los tribunales el escenario del futuro.
Pero el titular de esta columna tiene una razón de ser y menciono los temas que marcaron la semana, porque todo lo que ha venido pasando en el país desde el 2015 se tiene que convertir en cambios, se tiene que trasladar en ajustes al sistema, ya que no podemos esperar ser un país más justo, incluyente y generador de oportunidades para todos aquellos que las piden a gritos, si seguimos bajo las mismas bases de la cooptación, la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencias y una falsa institucionalidad que permite el eterno secuestro del Estado.
