Cuando por fin el Tribunal Supremo Electoral elaboró un documento que vale la pena para proponer las reformas a la Ley Electoral de Guatemala, resulta que a los diputados que integran lo que han dado en llamar el soberano Congreso de la República expresan su malestar con dicha iniciativa y se aprestan a tirarla al cesto de la basura porque la misma ataca, de manera directa, la forma en que son electos los “representantes” y plantea mecanismos como el de los subdistritos electorales y el voto nominal que evitarían que los lacras fueran reelectos.
Y, como con el Presupuesto que sigue siendo objeto de “chantaje-negociaciones”, la institucionalidad cooptada faculta a los diputados para ser ellos quienes decidan hacer su capricho y proponer reformas que en realidad son nada más un intento de taparle el ojo al macho y hacer creer que algo está cambiando cuando la mera verdad es que la apuesta de ellos es a que todo siga igual para que nadie pueda desplazarlos.
Mientras se sigue demostrando que la corrupción es el gran factor del ejercicio del poder en Guatemala y se ve la forma en que se pactan privilegios a cambio de millonadas que corren bajo las mesas, nuestros diputados tienen el descaro de descartar sin siquiera verlo o leerlo, el proyecto elaborado por el Tribunal Supremo Electoral. Por ello hizo bien ayer la Presidenta de ese órgano al pedir a la ciudadanía que se pronuncie para hacer que la presión se sienta en la 9ª. avenida cuando decidan archivar, junto a las leyes del Pacto de Corruptos, la iniciativa recién recibida.
No nos cansamos de repetir que la institucionalidad se ha convertido en una camisa de fuerza que pretende impedir cualquier movimiento para que se llegue a la renovación de nuestro sistema político. La resistencia al cambio es evidente y los dinosaurios de la corrupción y la impunidad se resisten a morir porque han operado en un modelo muy conveniente y generador de muchos beneficios para ellos, y para su gente. Mientras siga cumpliendo su papel esa camisa de fuerza llamada institucionalidad, Guatemala seguirá siendo un país en el que ningún proyecto que no esté aceitado por el lubricante del dinero corrupto tiene viabilidad, razón por la cual ni siquiera la desnutrición crónica puede ser efectivamente controlada porque en temas como ese son muy bajas las utilidades que pueden obtenerse mediante el manejo criminal de los recursos que debieran destinarse para atender las necesidades más sentidas de la población.
