Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
“Nada se parece tanto a la injusticia
como la justicia tardía”
Séneca
Controlar la justicia ha sido una prioridad de los grupos de poder que buscan privilegios y evadir el cumplimiento de la ley. Así fue desde que se crearon las Cortes; también en la época feudal, donde los nobles se sentían superiores a la ley y así sigue siendo en muchos países del mundo en donde la independencia judicial simplemente no existe.
Las debilidades del Sistema de Justicia guatemalteco, utilizadas por los grupos criminales para intentar evadir la justicia, quedaron evidenciadas en el estudio “Carrera contra el tiempo: Como el Poder Judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad” elaborado por la organización Human Rights Watch.
En los procesos penales, se contemplan cinco etapas procesales, con plazos establecidos en la ley: a) Etapa preparatoria, que debiera durar de 3 a 6 meses; b) Fase intermedia, no debería tardar más de 15 días; c) La tercera etapa es juicio propiamente dicho, que no contempla un plazo definido; d) Luego viene un período para impugnaciones, que aunque no se establece un plazo concreto, en términos generales las apelaciones debieran ser resueltas en tres días, a partir del momento en que las recibe el tribunal de segunda instancia; e) Por último, llega el momento conocido como la ejecución, que se refiere al tiempo en que se cumple la condena.
Si bien es cierto, que el retraso en el diligenciamiento de los procesos penales no es algo nuevo -como lo indica el informe- pues quienes buscan justicia, saben que los procesos siempre han caminado a paso de tortuga. La situación se ha vuelto crítica en la medida que más personas poderosas, de distintos sectores, se han visto involucrados en hechos delictivos. Esto anudado a que las mafias fueron poco a poco tomando control en el Organismo Judicial. Basta recordar la última elección de magistrados en donde los partidos políticos más cuestionados, eligieron a sus aliados para que les cubrieran las espaldas de sus fechorías.
Los recursos legales como la apelación, la recusación o el amparo, que fueron diseñados para garantizar el debido proceso, son utilizados maliciosamente por los acusados de cometer actos ilegales, para frenar el juicio y evadir la justicia. Los funcionarios judiciales tienen plena facultad para rechazar los recursos que son frívolos o improcedentes; pero como los trámites de dichos recursos se resuelven por lo general en las Salas de Apelaciones, en donde las mafias tienen el control absoluto, lo usan para dilatar el trámite. Por eso muchos de los casos, presentados por CICIG y el Ministerio Público, en los que se persiguen delitos relacionados con la corrupción se encuentran en etapa preparatoria, lo que implica que el juicio, propiamente aún no empieza.
Daniel Wilkinson, de Human Right Wach advierte que: “Para que Guatemala logre avances genuinos en la lucha contra la impunidad no son suficientes las investigaciones y detenciones. Es imprescindible que los tribunales puedan dictar sentencias en tiempos oportunos, condenando a los culpables”.
Aunque la Constitución Política de la República de Guatemala establece que la justicia debe ser pronta y cumplida, en la realidad ocurre todo lo contrario. Esto es un problema grave, pues la falta de celeridad en el diligenciamiento de los procesos, sumado a otras falencias del sistema de justicia, da origen a la impunidad y la falta absoluta de credibilidad en el sistema de justicia. Cambiar esa realidad pasa por una reforma estructural del sistema. Pregúntese ¿Porqué se oponen los grupos de poder?
