Raúl Molina
La clase política de Guatemala está cometiendo su propio suicidio. No ocurre súbitamente; el proceso se inició en 2015, cuando no se opuso al gobierno corrupto de Otto Pérez y Roxana Baldetti y se prestó al juego sucesorio establecido por los sectores dominantes. Pudo haber salvado a Guatemala de un gobierno igualmente corrupto, el actual; pero los políticos se acomodaron en su función de comparsa bien pagada. Ningún partido del espectro se atrevió a cuestionar el proceso electoral; simplemente, se aprovecharon de él, llenaron el Congreso de corruptos y sellaron su muerte. Luego de veinte meses de desgobierno del FCN-Nación, no queda reserva moral ni en el Ejecutivo y el Congreso –la ciudadanía exige que renuncien– ni en los partidos políticos –cuya desaparición se exige. El proceso de autodestrucción se inició hace dos años al ser reelectos, en elecciones amañadas, más de la mitad de los miembros de la legislatura anterior. Nadie sabe a ciencia cierta cómo se votó, ni siquiera el Tribunal Supremo Electoral, que nunca contó los votos reales, y se aceptó que el orden sería FCN-Nación, primero, y UNE, segundo, así como la más extraña distribución de escaños en el Congreso. Mientras que presidente y vicepresidente recibieron votos en esta forma desconocida, la clase política se acomodó en el Congreso. La UNE aceptó que Sandra Torres no “ganara” a cambio de ser la primera fuerza en el Legislativo, condición que perdió frente a la camarilla de ex oficiales del Ejército tras la maniobra del transfuguismo; fue tomado el Congreso por el FCN-Nación mediante maniobras y compra de voluntades.
La clase política se ha desvanecido. Los Secretarios Generales de los partidos políticos y sus comités ejecutivos no tienen vela en este entierro –ahora las maniobras se concentran en los jefes de bancada en el Parlamento, en parte porque muchos congresistas renunciaron a sus partidos originales y no representan a nadie. Se concentra la atención en la danza de los millones de quetzales que se realiza en el gran mercado llamado Congreso. Desde 2015 la ciudadanía se viene pronunciando por la desaparición de dicho Congreso; pero el sentimiento se ha venido profundizando a medida que han pasado los meses, particularmente en la legislatura actual. Aparte de dedicarse a sus transas y pingües negocios, las y los legisladores se han convertido en verdaderos servidores del capital e intereses nacionales y foráneos. No se han podido aprobar las leyes importantes que nuestro Estado fallido requiere para empezar a salir de esa condición, como son las reformas del sistema de justicia y las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Por otro lado, se han recetado prebendas y privilegios que riñen con la decencia. Y, a partir del torpe ataque del Presidente de la República contra Iván Velásquez y la CICIG, se han prestado al “Pacto de Corrupción”, para protegerlo y, luego, para intentar la aprobación de leyes que garanticen la impunidad de corruptos y criminales. Por ello, la ciudadanía pide en plazas y calles: ¡Que se vayan todos! Ya no solamente presidente, vicepresidente y Congreso, sino que también el sistema político en su conjunto.
