Julio Roberto Bermejo González*
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Toda la Administración Pública en el gobierno de Pérez Molina estuvo imbuida de corrupción y la impunidad reinaba. De lo anterior y con una expresión muy marcada se destacó el Congreso de la República en el que la corrupción se perfilaba como una seria amenaza al equilibro institucional y su inacción estaba deteriorando la base política y social de país, conduciéndonos a una impunidad absoluta. La cantidad de diputados a los que se les ha retirado la inmunidad y muchos otros que están pendientes de que se les retire el antejuicio lo evidencian. Es una verdad que el problema radica en el Congreso de la República, entidad en la que nada funciona y se obstaculiza toda gestión de solución a los graves problemas del país.
Tuvimos razón al señalar, que sin una previa reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos no debían realizarse las elecciones que se llevaron a cabo a finales del 2015. Los resultados nos dieron la razón, el Congreso volvió a llenarse de los mismos corruptos y de nuevos corruptos -dejamos a salvo a algunas personas. Las actuaciones que se han visto en el Congreso en los meses anteriores afirman lo que estamos señalando, porque muchos problemas de país deben de resolverse en esa instancia y, sin embargo, esa maquinaria no camina, porque los diputados anteponen sus intereses personales y de partido en detrimento del interés de la población. Son muchos los ejemplos de lo que señalamos y la ciudadanía los conoce. Muy importantes leyes deben reformarse y la gran mayoría de diputados obstaculizan su trámite y las engavetan. Un ejemplo es la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la explicación está en que los partidos políticos ahí representados y los mismos diputados saben que una reforma de dicha Ley les impedirá llegar a ganar una elección, amparados en el anonimato que les permite la presentación de candidatos en planilla y el listado nacional. Es por ello que los Distritos pequeños pueden ser una buena solución. Lo mismo sucede con el financiamiento de las campañas políticas y saben que una normativa que adecuadamente regule esto y el fortalecimiento de la capacidad de control del Tribunal Supremo Electoral les limitará que acudan al financiamiento anónimo, fundamentalmente utilizado por los sectores empresariales corruptos y el narcotráfico que con tal comportamiento controlan a los partidos políticos. La ciudadanía debe tener presente las denuncias que el Ministerio Público y la CICIG han presentado sobre financiamiento ilícito de los partidos políticos. Las denuncias formuladas sobre el financiamiento del Partido Patriota y las irregularidades en las fianzas de la UNE, LIDER, Y EL FCN-NACIÓN ponen en evidencia que los partidos políticos han recurrido al ilegitimo financiamiento ilícito para consolidar sus posiciones. El Ministerio Público y la CICIG han destapado este irregular proceder y ello nos ha llevado a que numerosos diputados y exdiputados, unidos a muchos alcaldes estén sujetos a proceso penal, y algunos otros sujetos a investigaciones. Lo anterior, al margen de los absurdos comportamientos de algunos diputados alrededor de las plazas fantasma tema que por la generalizada corrupción se ha dado alrededor de todas las instituciones del Estado; y aún hay más, lo relacionado con el listado geográfico nacional que es una enorme fuente de corrupción dentro de la mayoría de diputados y alcaldes.
El presidente Jimmy Morales hasta el momento de ganar las elecciones fue Secretario General del Partido FCN-NACIÓN y como consecuencia su representante legal. El Ministerio Público y la CICIG han detectado, en los informes rendidos al Tribunal Supremo Electoral, financiamiento electoral ilícito y esta investigación ha conducido a la solicitud de que se le levante el antejuicio de que goza actualmente el señor Jimmy Morales, que fue el Secretario General de dicho partido. Lo anterior, aunado a que su hijo y hermano están sujetos a proceso penal, hizo -evidentemente por razones personales y no de Estado- que el Presidente intempestivamente haya declarado NON GRATO y su salida inmediata del país, del señor Iván Velásquez, Comisionado de la CICIG. Con este proceder -a todas luces ilegítimo- el señor Presidente trata de ignorar la gran labor que dicho personaje ha tenido, quien en unión con la Fiscal General Thelma Aldana, han desarrollado importantes acciones en contra de la corrupción y la impunidad en Guatemala. Es evidente que con este proceder se quiere debilitar a la CICIG y al Ministerio Público en su lucha contra la corrupción y la impunidad, quedando en entredicho su lema de campaña “ni corrupto ni ladrón” lema que gano popularidad por el hartazgo del pueblo por los actos corruptos de la clase política.
El señor Jimmy Morales ganó la Presidencia de la República no por ser el mejor sino por ser el único que decía que era diferente. El accionar del gobierno y en particular del presidente Jimmy Morales, ha dejado mucho que desear al no apoyar con decisión la lucha contra la corrupción y la impunidad y ahora -al querer expulsar del país al Comisionado de la CICIG señor Iván Velásquez- actúa impulsado más por intereses personales y no por razones de Estado.
El ataque a la corrupción y a la impunidad por parte del Ministerio Público y la CICIG ha golpeado y ha puesto en alerta a aquellos sectores empresariales, militares y funcionarios que han explotado al erario público afectando la obra pública, la salud, la educación, el funcionamiento de los servicios públicos y en general comprometiendo el desarrollo social económico y cultural del país. Los señores diputados al Congreso de la República -por acción u omisión- son en parte responsables de este deterioro institucional y es por ello que ahora los diputados y una larga lista de alcaldes están apoyando la actuación del Presidente de la República impulsados por la confianza que tienen en que la salida del señor Iván Velásquez -importante líder de esta campaña- debilitaría o desarmaría la esperanza del pueblo de Guatemala en su lucha contra la corrupción y la impunidad de la que tanto beneficio han obtenido.
