Ayer, el diputado Felipe Alejos del partido TODOS, hizo un pedido para que se elimine el programa de retiro del Ejército de las tareas de seguridad ciudadana que asigna la responsabilidad totalmente al Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil y, al mismo tiempo, el Ejecutivo decide reducir “espacio presupuestario” al Mingob para entregarle más fondos al Ministerio de la Defensa que se ha convertido, desde la época de Ramiro De León Carpio, en la caja chica (nuevos confidenciales) de los gobernantes de turno, pues no aplica ningún método de auditoría social ni sometimiento a la ley de Compras y Contrataciones del Estado. La discrecionalidad en el manejo de los recursos de parte del Ejército se argumenta como un tema de seguridad nacional.
Por ello es que los políticos, y el gobierno actual se destaca en eso, han utilizado a la institución militar para reparar carreteras, hacer uniformes, pupitres y “arrendar” custodios a zonas que se consideran en conflicto. Sobre este tema hay varios puntos que mencionar: Primero, que hay un serio cuestionamiento sobre las posibles “plazas fantasma” que el Ejército reporta como prestando el servicio, que son cobradas. Lo segundo, que a nivel mundial se toma como un serio retroceso que elementos del Ejército cumplan funciones de seguridad ciudadana que requieren formación, equipo y visión distinta que la que reciben los miembros de una milicia.
Pero sobre todo que mientras que no se aclare el tema del manejo de fondos por “seguridad nacional” de la institución que se ha dejado manosear para dejar de ser soldados y oficiales del Ejército para convertirse en generadores de recursos siendo carpinteros, sastres y albañiles, poca confianza genera este movimiento, todo ello sin mencionar que Guatemala asumió compromisos internacionales, inclusive como parte del famoso Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, asegurando el retiro del Ejército de las tareas ciudadanas.
Felipe Alejos ha sido, desde el gobierno de la UNE, un activo operador de la vieja política y de las mañas más oscuras que pueden existir. Gracias a ello se ha mantenido en la Junta Directiva y porque negoció con Jimmy Morales la actual presidencia de Óscar Chinchilla.
Lo más grave de todo es que en el país, pese al mandato de esa misma Constitución que según Jimmy Morales es la ley suprema, siguen existiendo los gastos confidenciales, esos mismos que prohibió la reforma constitucional que Ramiro De León Carpio aceptó cuando su jefe de Estado Mayor, Otto Pérez Molina, le dijo que los gastos secretos del Ejército eran la nueva partida.
