Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt

En distintos sectores se escucha que el proceso de transformación que el país necesita tiene que pasar por los canales de la institucionalidad como si la misma fuera alguna panacea representativa de un sistema que vale la pena preservar. Tanto en esferas diplomáticas como empresariales se argumenta que es el Congreso el llamado a realizar las reformas y que la sociedad debe trabajar con los diputados para impulsar una agenda que permita reconstruir nuestro modelo político. El mismo recién electo Procurador de los Derechos Humanos, licenciado Jordán Rodas afirma hoy en una entrevista que él trabajará cerca del Congreso porque confía en que así se puede promover acciones como los cambios al sector justicia, esos mismos que engavetaron sin el menor rubor los que son agentes de la impunidad. Allá él con su ingenuidad o con su cinismo.

Pero la publicación que hizo Nómada de una grabación en la que se puede escuchar el más absoluto descaro de los diputados que estaban fraguando las reformas a la Ley Electoral, no con la intención de cimentar la democracia sino de afianzar el perverso modelo de los “partidos-empresa” que funcionan para facilitar la cooptación del Estado, deja claro que es absolutamente utópico pensar que del Congreso y de estos diputados pueda salir algún pedacito de legislación que se oriente al interés general y el bien común. Simplemente están velando por sus intereses y por reponerse de los golpes que la lucha contra la corrupción les ha propinado y para ello se proponen establecer una autoridad electoral que no supervise y, menos aún, castigue delitos relacionados con el financiamiento electoral que es la piedra angular de la podredumbre del sistema.

Y bien dice Taracena, el más cínico de todos, que la prensa puede gritar lo que quiera, pero que ellos van a hacer lo que les conviene para preservar sus privilegios e impedir que vaya más allá la lucha contra la corrupción y la impunidad. Lejos de pensar en reformas para democratizar los partidos políticos y crear verdaderas instituciones de intermediación para que el pueblo pueda participar ordenada e institucionalmente en política, lo que están promoviendo es únicamente asegurar que nadie pueda cancelar a ningún partido porque los mismos, tal y como están concebidos aquí y por la forma en que operan, son todos literalmente la cueva de Alí Babá.

Esa es la institucionalidad por la que se desvelan los magistrados actuales del TSE que, aún sabiendo que hay motivo y razón de peso para cancelar a la UNE y FCN, los dejan seguir viviendo “para no afectar la democracia”. Qué democracia ni ocho cuartos porque aquí lo que hay es una alianza tenebrosa entre los políticos y sus financistas que se ponen de acuerdo para adueñarse hasta del último centavo del erario. Ya podemos hablar de que tanto en política como en el empresariado, vamos ya por la segunda y acaso hasta tercera generación de los cooptadores, de quienes vía el financiamiento electoral compran y venden el sistema para seguir ordeñando al Estado.

El pez por la boca muere, pero nuestra soberana indiferencia permitirá que los diputados concreten el plan con el que se llenaron la boca.

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