Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt

Quienes reciben financiamiento de los mismos que están pagando el cabildeo contratado por los diputados para escabecharse a la CICIG emprendieron una vigorosa campaña para “demostrar” que no tiene nada de malo contratar empresas de ese tipo en Washington y “que todos lo han hecho”, refiriendo que históricamente es larga la lista de contratos suscritos tanto por distintos gobiernos como por empresarios. Y es que no se puede negar que debido a la relación existente y la dependencia histórica que mantenemos con Washington, siempre se han hecho esfuerzos por influir en quienes toman allá decisiones para que no adopten políticas perjudiciales para el país o para que adopten otras que los gestores consideran positivas.

Se escriben editoriales afirmando que no es cosa del otro mundo que cuatro diputados hayan suscrito un contrato para cabildear en Washington, no obstante que es obvio que en este caso hay gato encerrado porque se ha privilegiado la necesidad de mantener oculto el nombre de los financistas. Y es que el meollo, que no mencionan los que ahora pretenden presentar como algo inocente el cabildeo, está en el objetivo que persiguen y que es cambiar la política de Washington en cuanto a la lucha contra la corrupción en Guatemala, es decir que se busca que se deje de financiar el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad que tanto molesta no solo a quienes están procesados y guardan prisión, sino a quienes temen que les pueda caer la viga por otros casos que están siendo objeto de investigaciones aunque de momento hayan logrado detener los avances, pero subsiste el miedo de que pueda surgir una acusación formal.

Yo creo que todo mundo tiene derecho a cabildear en favor de sus intereses, pero precisamente porque es difícil explicar cómo alguien puede estar en contra de la lucha contra la corrupción es que se dispuso operar mediante testaferros y no dando la cara. Y es que aún maquillando el objeto del cabildeo en el contrato, tarde o temprano, por las leyes de Estados Unidos, tiene que saberse qué es lo que se está haciendo porque el objetivo de esa legislación es precisamente transparentar el trabajo de los lobistas que tienen acceso a congresistas y funcionarios con capacidad para definir políticas.

Impresiona, eso sí, el poder que tienen los que promueven las acciones para forzar a que se haga la burda manipulación de la historia de los cabildeos, porque es fundamental entender que no todo lobismo es igual. Hay algunos que persiguen legítimos y justos intereses de algunas personas o sectores, pero hay otros que tienen la finalidad de lograr objetivos espurios, como sería el de atajar investigaciones en marcha que puedan resultar perjudiciales para ciertos personajes.

Y mueven medios de comunicación, pero también dirigentes sectoriales, como el expresidente del CACIF que salió en oficiosa defensa de los idiotas afirmando que son autoridades electas por los guatemaltecos, como si no supiéramos todos que aquí los que deciden las elecciones son precisamente los financistas que luego tienen títeres o idiotas que les hacen los mandados.

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