Juan José Narciso Chúa
Cuando esta columna salga a luz, que será a partir de las dos de la tarde, probablemente ya se hayan desechado las reformas que se encuentran en plena divergencia de los distintos grupos principalmente en materia del pluralismo jurídico, la propuesta del Consejo de Justicia, pues la cuestión del antejuicio ya quedó sepultada, en el manto de la impunidad en el cual se cobijaron, gustosamente, los diputados que votaron en contra de la misma, en las postrimerías del año anterior.
Lo interesante de esta discusión es que nuevamente las posturas de las élites es aferrarse otra vez a no cambiar nada, no existe el menor atisbo de intención de aceptar que la sociedad ha cambiado, que los pueblos indígenas no son minoría, que una actitud de reforma o una postura de modernidad sería el reconocimiento de las prácticas ancestrales en materia de justicia, con lo cual se habría adelantado un paso mínimo para otorgarle a los pueblos indígenas un mínimo de espacio en su lucha de más de 500 años, por ser efectivamente reconocidos.
Sin embargo, el recurso del miedo en su forma más evidente, ha sido el mecanismo utilizado para manifestar su rechazo al pluralismo jurídico, utilizando argumentos falaces y falsos, que los mensajes de radio señalan para asustar al resto de la población y llevarlos a respaldar el discurso de las élites y los conservadores, que adicionalmente, se cuidan de manifestar en estos mensajes, que la oposición al pluralismo jurídico no es racismo. Vaya actitud.
Pero no todo termina ahí. El hecho que es prácticamente reconocido por todos que las Comisiones de Postulación resultaron un fiasco, pues en las mismas se tejieron los más oscuros intereses, para conseguir que los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, fueran personas que pudieran ser manejables a los intereses particulares, en contra del postulado de la independencia del ejercicio del derecho para hacer justicia.
El camino que hoy se busca es acotar o reducir la presencia de universidades que no solo tienen pocos años de existir y sus carreras de Derecho, prácticamente no tienen graduados o muy escasos, o bien sus facultades de derecho son todavía incipientes, es pertinente, pero busca evitar que los magistrados sean nombrados por mecanismos menos influenciables.
Ciertamente acotar, ayuda, pero no resuelve la cuestión de fondo, pues al final se consigue mantener un desbalance en las decisiones de las universidades, así como se puede continuar la práctica de cooptar a la academia, para los más espurios intereses, pero el que menos se intenta conseguir es la independencia del sistema de justicia del país.
Otro argumento, pero que al final esconde la dilación y finalmente significa abandonar, es que como la cuestión del pluralismo jurídico ha generado controversia y ha entrampado el avance de las reformas en el sector justicia, se debe quedar fuera, mientras tanto se continúan las discusiones alrededor del resto de enmiendas a la Constitución Política del país. Falso.
Al final, nos encontramos ante una situación, que nuevamente demuestra que se pretenden ligeros cambios, algunas pinceladas cosméticas que alivien la tensión existente, pero reformas de fondo, nada.
La Constitución Política de Guatemala constituye la piedra angular de la sociedad y de las instituciones democráticas del país; representa el pacto social por excelencia, en donde todos los grupos de la sociedad se ponen de acuerdo y aceptan las reglas del juego para una convivencia armoniosa; sin embargo, ya se ve, nuevamente, que ello es un propósito, que los grupos de interés como las élites y los grupos conservadores, se encargan de soslayar y, al final, de sepultar.
No extraña, por lo tanto, en este contexto, la conspiración en contra del Comisionado Iván Velásquez, para bloquearlo o golpearlo –como el caso de las reformas a la Constitución–, pero principalmente se denota la búsqueda de sacarlo de la CICIG y del país. La ciudadanía debe estar atenta a estas maniobras, representan los estertores de un sistema que se niega a transformarse.
