Jorge Mario Andrino Grotewold
* @jmag2010
Pareciera que vivir en una democracia y comprender que el estado de Derecho es algo seguro, permitiría vivir con dignidad en cualquier parte del país. Sin embargo, si algún derecho fuere a ser reclamado, especialmente aquellos cuya colectividad se ve afectada, no constituiría peligro alguno. Nada más alejado de la realidad.
Durante la semana se lamentó la muerte de Laura Leonor Vásquez Pineda, exlíder del Comité en Defensa de la Vida de San Rafael Las Flores ubicado en Jalapa, el cual se suma de acuerdo a dicho Comité, a otras más que se han producido por la oposición firme que realizan en defensa de su territorio los lugareños, especialmente en cuanto a la instalación de proyectos de exploración y explotación minera.
En épocas de los regímenes dictatoriales, se vulneraban derechos humanos de forma constante por parte del Estado, ahora plenamente documentados por informes como el de Esclarecimiento Histórico y el REHMI; el miedo y las amenazas eran constantes para los grupos opositores o que se hubieren vinculado con la guerrilla. Pero en los casos como el de la activista, los motivos son inexactos e inclusive puede que no se sepan jamás, puesto que hechos como este suceden a diario por la delincuencia, y son estigmatizados como tales, sin una verdadera y profunda investigación.
La defensora del territorio estuvo detenida por siete meses durante el 2013, cuando un estado de Excepción limitaba el ejercicio de los derechos de asociación y manifestación, con el claro propósito de terminar la oposición a la minera. Una vez liberada, la activista prefirió salir del movimiento. La amenaza y coacción habían funcionado. La denominada criminalización de la defensa de los derechos humanos se había aplicado y surtido efectos. Pero ahora la muerte la encontró, con un balazo en la cabeza. El Estado no se pronuncia, ni protege; tampoco juzga. La impunidad se impone, y los responsables lo saben, pero también los defensores de los derechos humanos, lo que limita por lógica y con razón, su accionar.
Importante es entender, que ninguna actividad al margen de la ley debe ser permitida; y que algunas circunstancias han evitado el diálogo y el entendimiento de las situaciones de los territorios y comunidades, lo que ha provocado la resistencia de las poblaciones, muchas veces justificada, pero no siempre utilizando los mecanismos correctos. Pero encarcelar o asesinar a los líderes organizados en defensa de los derechos humanos, es lo más deleznable que una sociedad puede permitir.
Guatemala parece moverse en una dirección en donde se avanza en algunos aspectos, pero luego retrocede en otros. No solo las acciones violentan los derechos humanos. También las omisiones les hacen responsables.
