Raúl Molina
La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) apenas despierta de su letargo decembrino, práctica que ya no es pertinente, y al abrir los ojos se encuentra con que los «dinosaurios», de adentro y de afuera, siguen ahí, aunque en Navidad se vio un meteorito volar por los cielos como buen augurio. En 2015, la Usac jugó un papel crucial, por primera vez en muchísimo tiempo, y conformó la Plataforma para la Reforma del Estado, que fortaleció al Movimiento Ciudadano por la Dignidad y propuso reformas clave para romper la camisa de fuerza de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ese papel se diluyó en 2016, al llegar el nuevo gobierno y el reciclado Congreso y parcharse las reformas propuestas. Fue este un factor para que el país desperdiciara el año 2016; el sistema político colapsa cada día más y las iniciativas para la transformación del Estado no avanzan o lo hacen a paso de caracol. Se oyen clamores para que en 2017 retomemos dicho proceso, profunda, seria y maduramente. A la Usac le corresponde ponerse a la vanguardia, en su condición de institución estatal. Puede, por sí misma, convocar a las entidades interesadas, así como garantizar que los resultados se presenten como iniciativas de ley. Posee los recursos necesarios -instalaciones, personal, relaciones y fondos- así como la experiencia, con aciertos y fallas, de lo realizado en 2015. La transformación del Estado debe convertirse en su tarea estratégica, en cumplimiento del mandato constitucional de cooperar «al estudio y solución de los problemas nacionales». Se sugiere realizar primeramente un Congreso ciudadano, con presencia del movimiento social y de los sectores populares, el cual la Usac puede organizar, sola o en compañía de otras entidades.
Señalo que la Usac no puede asumir la necesaria vanguardia de la transformación del Estado si no asume con responsabilidad el compromiso, aceptado ya, de hacer su propia reforma. Es obligación moral ponerle marco temporal a este proceso, particularmente para los aspectos relativos a la elección de autoridades universitarias. No puede llegarse a un nuevo proceso de elección de Rector sin democratizarlo totalmente. Es inaceptable que muchos profesores y estudiantes queden excluidos de ejercer su derecho a elegir y ser electos por encontrarse en Escuelas y Centros Regionales. Las próximas votaciones se realizarán en menos de dos años, por lo que urge definir las reglas del juego para un proceso transparente y sin exclusiones. La reforma universitaria no es prerrequisito de la transformación del Estado; pero tampoco puede quedar supeditada a ella. No avanzó antes por falta de voluntad política, primero, y por la coyuntura nacional, después; pero ahora no se puede soslayar el hecho de que la Usac debe embarcarse en ambas en forma paralela y con verdadera determinación. El legado histórico de la Rectoría actual puede ser, por un lado, una universidad nacional, con ejercicio total de su autonomía, democrática, con apego a la ética y la transparencia, sin sesgos de privatización y gratuita; y, por otro lado, una contribución efectiva, firme e inquebrantable para transformar también, en meses, al resto del Estado.
