Edgar Villanueva
Recientemente se ha presentado al Congreso de los Estados Unidos, una iniciativa bipartidista para la creación de la Comisión para la Política de Drogas para el Hemisferio Occidental. Dicha Comisión tiene como objetivo hacer una revisión integral de la política estadounidense para reducir la oferta de drogas, el abuso de las mismas y reducir los daños asociados con el tráfico ilícito de narcóticos en el Hemisferio Occidental. Esta revisión podría tener un efecto en el corto plazo (1-2 años) en la política exterior estadounidense sobre el «combate a las drogas» y en la cooperación entre EE. UU. y Guatemala.
Por el momento, podemos asumir que el cambio a una administración republicana traerá un mayor énfasis en el área de «law enforcement» (policial). Sin embargo, de ser aprobada la Comisión en las próximas semanas, esta podría generar una dinámica diferente, pues su ámbito de responsabilidad sería bastante amplio. Por ejemplo, la Comisión estaría a cargo de asesorar al Presidente de EE. UU. y al Congreso de dicho país en temas que van desde el análisis de impacto de la Estrategia Regional de Seguridad en Centroamérica (CARSI por sus siglas en inglés) hasta explorar modelos de políticas alternativas para el tratamiento de drogas en el Hemisferio.
Simultáneamente, en Guatemala el 2016 fue un año récord en incautación de drogas por parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de la Defensa. Una excelente noticia que nos permite confirmar que el fortalecimiento de las capacidades de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGDAIA) y las heroicas operaciones de unidades como la Fuerza Especial Naval (FEN), están produciendo importantes resultados, siempre con el vital apoyo de otros países. De igual manera, el MP y el OJ han respondido de mejor manera en los procesos contra narcotraficantes, especialmente en aquellos que han implicado extradición. Sin embargo, tengo mis dudas sobre qué tan eficientes hemos sido con los programas de prevención del consumo de drogas y de atención médica especializada para adictos o en la búsqueda de rutas alternativas de tratamiento al fenómeno de las drogas, elementos que considero, deben de ser parte de una estrategia integral sobre el tema.
Por lo tanto, en preparación para los cambios que pudieran generarse al futuro, considero que es importante tener una conversación seria, científica y basada en estadísticas sobre la producción, tráfico y consumo de drogas en nuestro país. Esto no permitirá implementar políticas, algunas ya existentes, que respondan adecuadamente a las exigencias de nuestra ciudadanía y del contexto internacional en que nos toca actuar.
Una opción es darle nueva vida y recursos a la Comisión para la Política sobre Drogas, la cual ya había producido un informe muy útil sobre el tema. Esta podría coordinar la creación de una estrategia integral, sin la cual seguiremos siendo víctimas de los vaivenes del combate a una industria que ha demostrado ser mucho más ágil que cualquier Estado para adaptarse y sobrevivir.
