Lucrecia de Palomo
No falla. En enero, desde el gobierno del presidente Berger, inicia una persecución oficial hacia las instituciones privadas que brindan el servicio educativo –colegios. Al iniciar el ciclo, como lo mandan las normas educativas, los padres deben inscribir o reinscribir a sus hijos en establecimientos educativos, pues todos los menores, según lo manda la Constitución, deben estudiar. Se dan en Guatemala tres opciones para este servicio y son los padres quienes eligen cuál de estos se adapta mejor a sus necesidades: el público cuya administración y financiamiento está bajo la responsabilidad del Estado; los por cooperativa donde comparten responsabilidad el Estado, las municipalidades y los padres– y el sector privado cuyos servicios deben ser cubiertos por los padres de familia y administrados por entidades privadas.
De todos es sabido que los gobiernos son pésimos administradores por aquello de, lo que no te cuesta hacelo fiesta. Educación no escapa a este fenómeno. La Cartera de Educación en nuestro país es quien más dinero recibe del Presupuesto General de la Nación, casi trece mil millones de quetzales –sin contar con las “donaciones” internacionales. Con esa cantidad de dinero debe cuidar de darle una buena educación al estudiante. Sin embargo, solo basta echar una mirada a la situación que viven las escuelas públicas y al resultado de la educación que imparten para saber la calidad de ejecutor que es. Lamentablemente el 95% del dinero se utiliza en funcionamiento y lo poco que queda para inversión es insuficiente. Las necesidades son ilimitadas y los recursos dilapidados.
Por la incapacidad del Estado de cubrir al menos una educación mediocre en el sector público, los padres se ven obligados a utilizar los servicios privados. Es tan alarmante el abandono educativo en el país, que en el nivel medio –básicos y diversificado– solo el 24% de la población en edad de asistir lo hace (los demás quedan fuera del sistema por obstáculos del propio Ministerio), y de ese porcentaje el 80% lo cubre lo privado, en su mayoría colegios populares y clase media. Por tanto los centros privados deberían ser vistos como aliados y contar con apoyo pues están cubriendo obligaciones estatales, pero no es así, todo lo contrario.
Por corrientes ideológicas foráneas e intereses políticos muy particulares la educación pública viene de mal en peor y, para justificar la mala educación, el Mineduc acusa a los colegios de ser fuente de riqueza para sus propietarios, lo cual es falso, e impartir una educación no acorde a los estándares internacionales. Lo que las autoridades educativas no dicen es la verdad, educar es oneroso, si fuera barato me imagino las escuelas serían un modelo a seguir para el sector privado. Pero no es solo el acoso por el costo del servicio lo que enfrentan estas instituciones, Guatemala es el único país de Latinoamérica con precio tope para el servicio educativo, con el agravante que solo se autoriza que los padres cubran diez meses de funcionamiento (mientras el centro deben pagar 12, y 14 sueldos al año al personal docente y administrativo, así como prestaciones de ley) y protegen al casi 15% de padres de familia que se retiran morosos.
Los padres aceptan un contrato de servicios donde constan sus obligaciones monetarias, pero en enero y octubre los colegios son noticia en los medios por las denuncias de los cobros “injustificados”. La realidad es que educar no es barato, pero es carísimo no hacerlo. Estoy convencida, luego de bregar más de 40 años en un sistema educativo sin sistema que lo que se busca es mantener a la mayoría de la población pobre ignorante, donde se vean obligados a aceptar salarios de hambre o pasar a la informalidad. La educación hace la diferencia entre un pueblo rico y uno pobre, ejemplos sobran. Pero aquí, como el chucho del hortelano, el Ministerio de Educación ni cumple con su deber de educar ni deja que quienes toman su tarea en serio lo hagan. Siempre he pensado que el limitante más grande que tiene la educación nacional es este Ministerio de NO Educación.
