Luis Fernández Molina

La tradicional calma de fin de año se verá perturbada por las agitaciones parlamentarias. Tronarán cohetillos de todo tipo. Entre las pausas de los villancicos escucharemos las voces, cada vez más estridentes, del debate que va in crescendo. Habrá tamales y churrascos en los convivios, también alcohol y discusiones ¡peligrosa mezcla! Al respecto comento.

Necesidad de reformas. Nuestra convivencia social es como un paciente enfermo -casi terminal- que necesita intervenciones quirúrgicas, algunas son operaciones menores, pero hay otras de mayor complejidad. Unos avances se pueden lograr por la legislación ordinaria -sin tocar a la Constitución- por lo mismo el Congreso las puede ordenar ahora y si lo hace con esa misma premura que está demostrando ya deberían estar cristalizadas en pocos días, entre ellas: el amparo (limitando su uso y agilizando el trámite de esta forma estaríamos limitando el accionar de la Corte de Constitucionalidad), al antejuicio (estableciendo un plazo para resolver), código procesal penal (aquí son varias) y, por supuesto, las leyes electorales (que se quedaron a medias).

Reformas profundas. Aprobar reformas constitucionales son ya palabras mayores, son operaciones de “corazón abierto”, esto es, que necesaria -y lamentablemente- se debe “manosear” lo más interno del sistema, el mismísimo texto constitucional (que debería ser incólume). Son intervenciones muy delicadas que deben hacer únicamente cirujanos expertos y después de profundas convicciones. La elección de magistrados está normada en la Constitución por ende debe modificarse esta para cambiar ese sistema; igualmente para consolidar la Carrera Judicial y deslindar las funciones judiciales de las puramente administrativas de la Corte Suprema. Con mayor razón la aceptación del derecho ancestral.

Prioridades. Existe consenso para realizar reformas al sistema de justicia. El despertar del MP y de los tribunales en 2015 y en 2016 ha generado en la población una esperanza plausible y por lo mismo, respalda -y ansía- cualquier modificación. Hay mucho apoyo. No es igual respecto al tema de la jurisdicción indígena. No porque se rechacen, es que no hay claridad; son muchos los cuestionamientos. Ante el desconocimiento la gente prefiere decir “no”. Si el paquete de cambios solo contuviera la primera reforma (justicia), esta pasaría; si se incluyen ambas reformas lo más probable es que no pasen (ninguna de las dos). Es cuestión de prioridades.

Reforma electoral. No nos hagamos ilusiones, las reformas no son fórmulas de alquimistas sociales o cábalas infalibles. Solo serán de beneficio si se acompañan de una iniciativa popular que vigile y que, sobre todo, que pueda elegir libremente a sus autoridades. No me refiero a la burda “libertad” de votar por la papeleta azul, verde, amarilla o roja. Esa ha sido la parodia y el disfraz de voto “libre”. Si no se opera una verdadera reforma al sistema electoral de poco servirán aquellas reformas. Al poco tiempo las fuerzas oscuras encontrarán los recovecos y se irán adaptando a los nuevos escenarios. Como todas las especies se irán acomodando a los nuevos formatos y los irán ocupando. Esas mismas fuerzas que medran en la sombra colocarán a sus peones en puestos de control y echarán por tierra las buenas intenciones. ¿Acaso no había mucho optimismo en 1985 y en 1994? ¿Merecen reprimenda esos constituyentes que aprobaron textos defectuosos en la práctica? Poco duró la algarabía.

El texto formal. Tan importante es el fondo como la forma, esto es, tanto el espíritu de la iniciativa como la redacción del texto final. De lo que he visto la redacción es muy limitada y se va a prestar a nuevos conflictos a muy poco plazo. De esto continuaremos hablando.

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