Juan Antonio Mazariegos G.
Esta semana el país lleva dos días de incertidumbre y pérdidas materiales en medio de los bloqueos anunciados por el Comité de Desarrollo Campesino, Codeca, y la Gremial de Pilotos del Transporte Pesado, en el primero de los casos Codeca anunció públicamente los 20 puntos de las carreteras del país en donde se llevaría a cabo la protesta, lo cual finalmente ya no aconteció, ignoro si por falta de convocatoria a la protesta o por decisión de los participantes y en el caso de los transportistas cuando ayer aglomeraron vehículos de carga pesada a la altura del kilómetro 21 de la ruta al Pacífico y en las entradas de las terminales portuarias del país, aun y cuando sus dirigentes habían anunciado previamente que únicamente estarían en paro dentro de sus propios predios de parqueo.
Sin lugar a discusiones no somos un país dotado de una amplia infraestructura vial, nuestras calles y avenidas ya se encuentran saturadas en una especie de permanente protesta en contra de los sucesivos gobiernos que no hacen nada por desarrollar las comunicaciones del país. Empero, lejos de que esto provoque algún tipo de sensibilidad hacia los miles de guatemaltecos que se desplazan por carreteras y calles con el único afán de ganarse el pan diario de cada día, quienes protestan saben que ahí es donde más duele y en consecuencia un par de pelones y una llanta son suficientes para ocasionar un caos en nuestras vías de desplazamiento, no digamos un par de camiones de transporte pesado.
Aunado a lo anterior y de manera increíble, las autoridades deben de ser conminadas a actuar a través de amparos y resoluciones de la Corte de Constitucionalidad para recordarles que el Estado se organiza para garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral de la persona y que dentro de esas libertades se encuentra el derecho de libre locomoción de todos los guatemaltecos.
No tengo nada en particular en contra de las protestas en general, también la libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación están consagrados en nuestra Constitución y en consecuencia pueden y deben de ejercerse, el problema radica en que la protesta de unos pocos causa un grave daño a la mayoría y es por ello que la protesta y la manifestación deben darse en plazas y lugares en donde no perturben las libertades de los demás guatemaltecos.
