Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La necesidad de implementar reformas al sector justicia en Guatemala es obvia tras la construcción de un régimen de impunidad que alienta la corrupción y otros crímenes que no se juzgan ni se castigan, pues el aparato conformado no está para administrar justicia sino para proteger a delincuentes a partir de la conformación de las Cortes mediante Comisiones de Postulación amañadas y controladas por los poderes ocultos.
Ya he contado cómo es que en el Consejo de Estado en 1983 con Amílcar Burgos y otros consejeros, pensamos en la creación de las Comisiones de Postulación para integrar el Tribunal Supremo Electoral como un instrumento para arrebatar tales designaciones a la clase política (que había controlado el Registro Electoral), trasladando la responsabilidad a la academia y a los colegios profesionales. La Constituyente adoptó ese modelo para la conformación del poder judicial y a partir de ahí empezó la prostitución de la academia y la cooptación de los colegios profesionales involucrados. Se crearon universidades de cartón (o de garaje dicen otros) y la elección de rectores y decanos se convirtió en una danza de millones porque son muchísimos los intereses en juego.
En otras palabras, las Comisiones de Postulación no erradicaron los vicios anteriores sino que, por el contrario, prostituyeron a otros sectores antaño prestigiosos y respetables como eran la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados, para citar los dos ejemplos más conspicuos. Antes dirigían el Colegio los abogados más prestigiosos porque se votaba por la honorabilidad y el mérito profesional, pero cuando se le trasladó la enorme importancia política de ser pieza clave al designar magistrados, el dinero fue el principal factor para elegir dirigentes y el resultado lo hemos tenido a la vista.
No digamos con la Rectoría de la USAC y la Decanatura de derecho, puesto que en ambos casos tuvimos referentes admirables de verdaderas personalidades del mundo académico que prácticamente ni hacían campaña porque su nombre era suficiente para optar a los cargos. Unas pocas reuniones con alumnos, catedráticos y profesionales bastaban para llevar el mensaje sin gastar ni un centavo en el esfuerzo.
Por ello creo que el rector Alvarado Cerezo está cometiendo un error gravísimo al caer en el juego perverso de quienes no quieren cambios al sector justicia. Le metieron en la cabeza que era una derrota para la Universidad perder el poder de postular magistrados y se ha convertido en activista contra la reforma constitucional, aparentemente sin entender el efecto pernicioso que tuvo ese «poder» al punto de causar la mayor prostitución a nuestra Alma Máter.
La Universidad tiene mucho más que aportarle al país que estar en el juego politiquero de la impunidad. Por el contrario, debe retomar el papel de estudiar los problemas nacionales y proponer soluciones serias, cosa que ya está haciendo el Ipnusac, e identificarse con la causa contra los vicios de nuestro sistema de justicia. El rector tiene una responsabilidad histórica y debe saber que los enemigos de la reforma planificaron ponerle el dulce de las Comisiones de Postulación en la boca para convertirlo en actor antireforma y, por lo visto, cayó en el juego. La USAC tiene que recapacitar y mostrar su compromiso con la verdadera justicia.
