Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Entendido el concepto de cómo es que los poderes fácticos han cooptado al Estado mediante una perversa alianza con los políticos de turno para poner al aparato estatal al servicio de sus particulares intereses, es crucial entender que exactamente lo mismo han hecho los dirigentes de sindicatos del Estado para suscribir pactos colectivos que son imposibles de sostener porque ninguno de ellos tiene como fundamento un estudio serio sobre las capacidad de las finanzas públicas para honrarlos a través del tiempo.
Mientras que a los políticos en campaña los cooptan los más poderosos intereses económicos mediante el financiamiento, fenómeno que se ha repetido cada cuatro años con precisión de reloj suizo, los sindicatos del Estado explotan la dedicación que tienen los ministros y altos funcionarios al saqueo del Estado para chantajearlos con la amenaza de que pueden paralizar el funcionamiento de las instituciones (lo que equivale a que se tenga que detener el flujo de los millonarios negocios) o, en el peor de los casos, pueden denunciar la forma en que funciona la corrupción a menos que se suscriba con ellos un pacto colectivo al gusto del cliente que no sólo les garantiza a los dirigentes su permanencia en la inamovilidad de los cargos sindicales, sino que además engorda sus billeteras porque pactan con los abogados que les asesoran para repartirse los jugosos honorarios.
Ninguno de los pactos colectivos suscritos tiene como base un estudio serio de la capacidad financiera del Estado para cubrir el costo del acuerdo laboral, y eso compromete seriamente las finanzas públicas al punto de que el aumento a los impuestos que ahora se plantea en contra de la clase media es, básicamente, para rellenar el enorme agujero fiscal dejado por tales pactos, puesto que se trata de cubrir los requerimientos de los gastos de funcionamiento sin que el país pueda disponer de recursos frescos para la inversión social que atienda los problemas de pobreza.
Es un problema económico serio y un escándalo ético sin precedentes que tiene que ser atendido por la Procuraduría General de la Nación. Aún en países desarrollados de Europa, ante la crisis, se ha visto la necesidad de hacer ajustes en las prestaciones sociales incluyendo temas como los salarios y las pensiones porque se ha demostrado la irresponsabilidad de quienes sin estudios actuariales ni financieros, implementaron planes insostenibles a lo largo del tiempo. Pero no movemos un dedo y dejamos que siga creciendo exponencialmente la obligación derivada de esos pactos colectivos sin que el mayor gasto se traduzca en calidad del servicio porque no está amarrada una cosa con la otra.
Los ministros, presidentes del Congreso y funcionarios que han suscrito pactos colectivos sin siquiera hacer consultas al Ministerio de Finanzas tendrían que ir a parar pie con jeta al bote, o por lo menos al Zavala, por su irresponsabilidad al suscribir compromisos que terminaron siendo leoninos para los intereses del país.
Los sindicatos han cumplido con los políticos siendo piezas de apoyo en ese juego de la cooptación, y ahora se ve cuando la nueva ministra de Salud, sin entender el tema legal, y mucho menos el ético, les pide a los sindicalistas que sean activistas para impulsar la reforma fiscal que es otro parche caprichoso de los tantos que hemos sufrido.
