Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
En opinión de los políticos de nuestro país, la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que aprobaron resuelve el problema del financiamiento electoral porque asigna al Tribunal Supremo Electoral facultades no sólo para disponer la pauta publicitaria en los medios de comunicación, sino que además le facilita que mediante el control cruzado con instituciones como la Superintendencia de Bancos se pueda determinar el origen y destino de los recursos que se captan para el proselitismo.
Sin embargo, el tipo de financiamiento electoral ilícito que se está juzgando ahora en el Tribunal de Mayor Riesgo no puede ser detectado, y mucho menos controlado, al amparo de esa legislación porque se trata de un procedimiento que escapa al radar del TSE toda vez que se trata de aportes dinerarios que se entregan de manera directa o indirecta a los candidatos que utilizan empresas de cartón para encubrir la pista del dinero que, en honor a la verdad, tiene mucho de ilícito y poco de financiamiento electoral porque generalmente no se utiliza para financiar la actividad partidaria de cara a las elecciones, sino que es un burdo soborno que se hace a los candidatos con posibilidades para mantener la cooptación de un Estado puesto al servicio de la corrupción.
Ni uno sólo de los casos que ahora es objeto del proceso por la cooptación del Estado pudo ser evitado mediante la cooperación entre el TSE y la Superintendencia de Bancos. Mucho menos los otros aportes, que no han sido ni siquiera investigados, que hicieron grandes corporaciones y millonarios empresarios que no se preocuparon por pedir facturas para aprovechar fiscalmente esos aportes a la hora de rebajar sus impuestos. Porque hay que decir que los que están sometidos a proceso son los pichicatos que hasta en eso sacaban raja para evadir impuestos, pero no aquellos que, por un lado, no trataban con los gatos como Juan Carlos Monzón, sino que directamente entregaban su dinero al candidato o, en el caso del PP, a la candidata que por lo visto era mucho más poderosa que el mismo Pérez Molina y sabía sacar mayor rédito a su papel, usando los aportes para que sus sociedades anónimas compraran casas, fincas, carros, aviones y cualquier capricho que se le pudiera ocurrir.
El destape del Caso La Línea permitió acceso a muchas computadoras que contenían valiosa información sobre la manera en que se operó en ese caso particular, al punto de que se pudo demostrar el financiamiento electoral ilícito porque allí aparecieron las empresas de cartón que usaban para dar factura a los financistas que no contentos con sobornar a los candidatos, todavía les pedían factura para rebajarse el pago de impuestos. Pero aunque sean todos los que están sindicados, no están sindicados todos los que son pues faltan los mayores financistas, aquellos que, repito, no trataban con los gatos sino directamente con los cabezones y esos saben cómo entregar el pisto sin dejar la huella de una factura.
Sería bueno saber cómo el TSE piensa que puede atajar esas contribuciones que son las causantes del secuestro de nuestra democracia. Ese financiamiento es al que hay que ponerle ojo porque es infinitamente mayor, y más nocivo, que el que va para pagar pauta en los medios.
