Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El proceso penal iniciado por la Cooptación del Estado, en el que figuran como sindicados personajes que históricamente se podían considerar como intocables en el régimen de impunidad que a pulso se fue construyendo en nuestro país y que, sin paja, data desde la misma independencia cuando los próceres, actuando como los actuales dueños del país, se adelantaron a declarar la independencia antes de que el pueblo lo hiciera por cuenta propia, ha generado un intenso debate sobre cuestiones que no debieran ser objeto de discusión, porque en cualquier sociedad civilizada forman parte de los derechos inalienables del ciudadano, esos mismos que cuando se presentan como derechos humanos, provocan tanto asco entre algunos sectores que asocian el término con aspiraciones izquierdistas.
Creo que es importante profundizar en temas como el de la situación de las cárceles, el debido proceso y los atascos judiciales, la inocencia de cualquiera hasta que se demuestre lo contrario porque se trata de asuntos esenciales de la sociedad, pero llama la atención cómo es que en las actuales circunstancias esos temas se convierten en centro del debate, aunque por generaciones hayan pasado inadvertidos porque quienes sufrían el irrespeto a los derechos no eran personas que tuvieran acceso a buenos bufetes o a abogados que disponen de espacios en los medios de comunicación en forma periódica.
Insisto en que es absolutamente válido el reclamo por las elementales garantías que deben existir en todos los procesos que se ventilan en los distintos tribunales del ramo penal del país, y que es lícito que los columnistas y abogados defiendan a sus clientes, pero con la entereza y valor de decirlo. No me parece ético el comportamiento de quienes nos dan cátedra ahora sin decir qué los inspira y motiva para ser tan fervorosos en la proclamación de postulados que han sido violentados históricamente en nuestro país, sin que nadie se inmute porque los afectados no son parte de los sectores influyentes de la sociedad.
Hoy Acisclo Valladares, advirtiendo sobre la negociación que la Procuradora Morfín intenta con la empresa holandesa compradora de los derechos de TCQ, menciona dos casos de personas que he apreciado y respetado y pienso que tiene razón de evidenciarlos. Concretamente se refiere a los abogados Alejandro Balsells Conde y Gabriel Orellana Rojas, profesionales del derecho respetados en sus ámbitos. Casualmente ambos son hijos de profesionales que conocí y respeté por su enorme integridad, puesto que tanto mi amigo Alfredo Balsells como mi profesor Gabriel Orellana dejaron en mí una huella imborrable por su hombría de bien.
Y tanto a Alejandro como a Gabriel les tengo ese respeto casi que heredado, pero me ha llamado la atención que ninguno haya dicho, al escribir sesudos artículos sobre presunción de inocencia y debido proceso, de sus vínculos con algunos sindicados puesto que haría más clara su postura si dijera el primero que es el abogado de Conasa, la empresa del ingeniero Mayorga, y el segundo que es personero de los canales de Ángel González.
Cuando opinamos y escribimos para respaldar, defender o promover algo o a alguien, es ético comunicar al lector de cualquier factor condicionante que nos motive.
