Jorge Mario Andrino Grotewold
• @jmag2010
Durante la 80ª Sesión Plenaria del 22 de abril de 2009, la Asamblea General de la ONU estableció esta fecha como el Día Internacional de la Madre Tierra, para complementar las múltiples fechas ya establecidas en favor de la protección de los espacios socioambientales y la conservación de los ecosistemas alrededor del mundo, conjuntamente con los recursos como el agua, los minerales, la fauna y la flora.
Esta preocupación, recientemente abordada por más de 170 países en la sesión de la ONU la semana recién pasada, en la cual participara el presidente Jimmy Morales, es una continuidad a la suscripción de la Conferencia de París -COP21- suscrita en diciembre de 2015, y que estableció como principal compromiso de los países, la disminución del calentamiento global que repercute en los grandes cambios climáticos alrededor del mundo, desde sequías, pasando por fenómenos atmosféricos de fortaleza extraordinaria (huracanes, tornados, inundaciones, etc.) hasta la formación de tormentas de lluvia que inciden en los ecosistemas de todo el mundo.
Como parte de estas grandes demandas, los Estados fijaron su postura sobre la obligación de alcanzar acuerdos para fortalecer la institucionalidad de cada Estado y también, verificar aspectos de conciencia social, especialmente en aquellos lugares donde los recursos naturales son mal utilizados, o bien no se reciben de una forma normal. Así, los recursos hídricos en países como Guatemala, donde son considerados de vertientes naturales no explotados, no se han desarrollado formalmente con la suficiente educación para la población, ni los controles efectivos de una política socioambiental inteligente. Las grandes afluentes han sido contaminadas por empresas agroindustriales o bien poblaciones necesitadas del recurso, pero con carencias de desarrollo humano como canalización de agua potable y canales de aguas negras y pluviales. Sin ese desarrollo, la población seguirá mal usando ese recurso y similares circunstancias suceden con flora y fauna, especialmente con la caza ilegal de especies animales, y por supuesto, la tala ilegal (o legal) de árboles.
Por ello se requiere de una acción de política pública, con más acción y menos discurso, para alcanzar un desarrollo sostenible efectivo, equitativo y estratégico. Esto debiera empezar por regular legislativamente la exploración y explotación de agua en todas sus afluentes, desarrollando mecanismos de acceso, además de sancionar aquellos abusos como el desvío de ríos para los propios intereses de particulares.
Si el discurso sigue, pero las acciones se olvidan, Guatemala y el mundo no tendrán un mejor futuro, y las marchas y las violaciones a los más necesitados continuarán, ante la pasividad de las autoridades de turno, que simplemente evitan trazar una ruta que empiece por tener un Estado con recursos naturales estratégica e inteligentemente explorados, conservados explotados y utilizados.
