Eduardo Villatoro

Muchos guatemaltecos son exigentes al reclamar que funcionarios de instituciones públicas que están emergiendo del lodazal en que la dejaron sus antecesores, adopten resoluciones severas y legítimas, como ocurre con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que se han tenido que enfrentar no solo a la debilidad institucional de ese ente, sino a las justas demandas de los ciudadanos, y al desafío de dirigentes de organizaciones políticas que se resisten a acatar el contenido de la debilitada Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La dirigencia del partido Lider ha sido la que más ha provocado a las autoridades del TSE y violado la LEPP puesto que desde el inicio de la actual administración de esa institución no atendió simples recomendaciones que emitieron para que el desarrollo de las campañas de proselitismo fueran apegadas a normas fáciles de comprender, y mucho menos obedeció advertencias encaminadas, asimismo, a proceder estrictamente en el marco de las reglas electorales.

Tan pronto como en enero de 2011 asumieron sus cargos las autoridades del Estado, los dirigentes de Lider iniciaron sus anticipadísimos procesos de la campaña electoral para las entonces aún lejanas elecciones de 2015, irrespetando abiertamente la LEPP, e igual conducta asumieron los dirigentes del Partido Patriota, ignorando las ya mencionadas normas, hasta que llegó el momento en que el nuevo TSE retiró de sus funciones de secretaria general de ese colectivo a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, con todo y su altivez, por incompatibilidad de funciones.

Pero esos dos partidos persistieron en cometer ilegalidades, al grado que el Lider fue apercibido para que no continuara erogando recursos financieros porque ya había rebasado el techo presupuestario. El presidenciable de ese partido ni se inmutó y continuó en sus afanes, y de esa cuenta el TSE le aplicó una sanción económica que no satisfizo a sus adversarios, que esperaban que tal organización fuera cancelada.

Tres de los magistrados votaron por la imposición de una multa equivalente a Q1.9 millones, mientras que la magistrada María Eugenia Mijangos y su colega Mario Ismael Aguilar optaron por la cancelación de esa agrupación, porque “Está probado que Lider ha desnaturalizado los fines y principios de la constitucionalidad y vulnerado consecutivamente la LEPP”, entre otros argumentos.

Al menos dos de los cinco magistrados del TSE han dado muestras de valor cívico y respeto a sus propias investiduras, como ha procedido en otras oportunidades la abogada Mijangos, incluso al conminar con rigor al partido oficial, cuando este no daba muestras de extinguirse, enfrentándose a la insolente dirigencia de esa organización.

Sin embargo, imagínense qué conflicto social hubiese estallado si se cancela al Lider, puesto que, al margen de la obstinación del presidenciable y aunque no se esté de acuerdo con su proceder, decenas de miles de afiliados y simpatizantes, ajenos a las decisiones caprichosas de sus dirigentes, probablemente se hubieran rebelado violentamente.

(La mujer de Romualdo Tishudo se confiesa: -Me alegró tanto la caída de Pérez Molina, pero como no sabía cómo vestirme para festejarlo ¡Me puse feliz!).

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