Factor Méndez Doninelli
El pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia –CSJ– decidió por unanimidad declarar con lugar el antejuicio contra el hasta ahora gobernante Pérez, por considerar que existen motivos suficientes para que el Jefe del Ejecutivo sea investigado, eventualmente despojado de su inmunidad y procesado por varios delitos.
El antejuicio fue promovido por el diputado Amílcar Pop, del partido Winaq, quien confirmó que los delitos que se imputan a Pérez son: 1. Encubrimiento propio, por proteger a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y a Juan Carlos Monzón (prófugo); 2. Asociación ilícita; y, 3. Incumplimiento de deberes. De conformidad con el procedimiento legal, la CSJ trasladó el expediente al Congreso Nacional para que los diputados integren la Comisión Pesquisidora, que deberá hacer la investigación respectiva y que luego de concluir, debe recomendar si se retira o no la inmunidad al Gobernante.
En la historia del país, es la primera vez que un Gobernante podría ser despojado de la inmunidad que le otorga esa alta investidura y ser sometido a juicio en los Tribunales comunes para responder a los cargos que le imputan. El presente escenario es similar a lo ocurrido con la exvicepresidenta Baldetti, quien al conocer que sería sometida a un proceso de antejuicio, decidió renunciar al cargo y ponerse a disposición de la justicia para ser investigada “sin ninguna interferencia”.
Analistas sugieren que el gobernante Pérez no tiene otra alternativa, o sea, que también le toca renunciar, en caso contrario, tendría que comparecer ante los diputados, responder a los señalamientos y cuestionamientos planteados en el antejuicio y sujetarse a la resolución final que decida adoptar el pleno de congresistas. Los antecedentes no favorecen a Pérez, quien durante los cuatro años de su mandato, jamás quiso llegar al Congreso Nacional a presentar el informe anual que por ley debe rendir al Poder Legislativo, según dicen, por temor a los cuestionamientos. Ahora que está frente al antejuicio, existen dudas fundadas respecto a su disposición de presentarse ante los diputados, lo cual complicaría más su delicada situación y podría acelerar su expulsión del poder, extremo que desde semanas atrás está reclamando la ciudadanía mediante las masivas marchas y plantones que ocurren en todo el país exigiendo la renuncia del impresentable gobernante Pérez.
Mientras tanto y como corresponde, el Congreso Nacional convocó a sesión para designar mediante sorteo, a los cinco diputados que integrarán la Comisión Pesquisidora que conocerá y resolverá si rechaza o declara con lugar el antejuicio contra Pérez.
Pérez está siendo tratado con su propia medicina, pues como recordamos cuando se inició la actual crisis, él defendió con vehemencia la “institucionalidad”, el respeto a los procedimientos y la Constitución, un discurso pueril porque, ¿de qué institucionalidad nos habla?, si toda la ciudadanía sabe que fue el propio Pérez y sus bandas de lacayos, quienes desde el momento en que accedieron al poder, sistemáticamente han pisoteado la institucionalidad, burlaron los procedimientos y violaron los principios constitucionales en detrimento del debilitado Estado de Derecho. Resulta que ahora, la ciudadanía a través de la institucionalidad, siguiendo los procedimientos legales y apegada a los principios constitucionales, está combatiendo la corrupción y la impunidad. Y esa lucha pasa por depurar a los gobernantes corruptos.
Para mañana está convocada una gigantesca movilización ciudadana a nivel nacional, para reiterar la petición de renuncia. Otra vez, con su característica soberbia, Pérez ha dicho que no dejará el cargo. Ya veremos.
