Esta mañana, diputados de la Bancada Semilla, presentaron una querella contra el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la fiscal de esa unidad, Leonor Morales Lazo; y la fiscal regional Cinthia Monterroso, por los delitos de usurpación de funciones, desobediencia y violación a la Constitución.
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Encabezados por el diputado Samuel Pérez y Andrea Villagrán, los congresistas se presentaron a Torre de Tribunales para plantear los señalamientos en contra de los trabajadores del órgano encargado de la persecución penal.
«La Fiscal General, Consuelo Porras, tiene los días contados al frente del Ministerio Público», inició diciendo Pérez, quien detalló que esta denuncia es por una conferencia de prensa en la cual «daban a entender que los resultados electorales no eran los que habían sido expresados en las urnas por el pueblo de Guatemala».
El diputado señaló que consideran que hay una intención de los señalados por socavar la voluntad popular y la democracia en Guatemala, y enfatizó que no permitirán que queden impunes esas acciones.
«NADA QUE NOS ATEMORICE»
Pérez expresó que esperan que el MP presente otras solicitudes de antejuicio en contra de otros integrantes de la agrupación, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazara las peticiones que se hicieron en contra del binomio presidencial y de algunos diputados.
«Seguramente van a seguir. No es algo que nos sorprenda, tampoco es algo que nos atemorice. Pero tampoco pueden quedar en impunidad este tipo de acciones», afirmó.
La conferencia de prensa a la que hizo referencia el congresista fue la ofrecida por el MP el pasado 8 de diciembre, en la cual se pretendió desconocer los resultados electorales de los comicios de 2023.
Solo el MP se contradice tres veces por nulidad de elecciones
LA CONFERENCIA
En dicha actividad, jefe de la FECI y Morales Lazo presentaron un caso en contra del suspendido temporalmente partido político Movimiento Semilla.
Según el MP, este caso estaba dividido en tres fases, dos enfocadas en señalar la comisión de supuestos delitos por parte del presidente, en ese momento, electo, Bernardo Arévalo, y diputados.
La tercera fase señalaba que supuestamente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habría incurrido en «fraude electoral«.
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