Luis Fernández Molina
Correa estuvo recientemente en Guatemala. Impresionó a muchos con su discurso, florido, extenso. Es sin duda muy buen orador que sabe dirigirse a las masas. Comparte con Castro, Chávez, Maduro y otros el gusto por las cámaras y la publicidad en general. Es Presidente del Ecuador desde el 2006 y promueve reformas constitucionales a efecto de legalizar una permanencia indefinida. Antes se había opuesto a las reelecciones pero ahora dice que las circunstancias históricas así se lo demandan. Pues bien, la semana pasada, preparando las reformas constitucionales, presentó también modificaciones laborales.
Propone terminar con la simulación laboral y la subcontratación. En otras palabras prohibir los contratos que disfrazan verdaderos contratos de trabajo y se presentan con otras apariencias: contrato civil, servicios profesionales o por factura, asimismo se prohibiría la prestación de servicios por parte de entidades intermediarias. En nuestra legislación se contempla esa situación que conocemos como “simulación” laboral; hay contratos simulados, cierto es, pero también en otras circunstancias son verdaderas contrataciones mercantiles o civiles como las empresas de seguridad, contabilidad, digitalización, mantenimiento, etc. Otra modificación pretende consolidar la estabilidad y arraigo laboral anulando los contratos a plazo fijo; todo contrato será por tiempo indefinido. No valen los contratos por un año por ejemplo.
Otras mociones de Correa ya existen en la legislación guatemalteca –que por lo mismo es más avanzada— como imponer la obligatoriedad del pago de indemnización en todos los casos de despido y la prohibición del despido de mujeres embarazadas y líderes sindicales (artículos 151 y 82 en nuestro Código de Trabajo). La siguiente propuesta es algo contradictoria: los bonos anuales (nuestro aguinaldo y bono 14) se pueden ir pagando a lo largo del año a solicitud del trabajador; o sea que, en vez de entregarlo en diciembre y julio el trabajador lo puede exigir a lo largo del año. Ello desvirtúa totalmente el espíritu de esas prestaciones. La mayoría de trabajadores, que vive al día, va a preferir el pago inmediato. También se impondrá la universalización del seguro social e incorporará a 1.5 millones de trabajadoras domésticas para darles protección de salud y el 90% del salario por jubilación.
Pero las propuestas que más revuelo han causado son las que se refieren a lo interno de las empresas. Quiere, por decreto, limitar las “brechas salariales” que se dan entre los ejecutivos y los trabajadores. Destaca la injusticia entre el sueldo de un trabajador de mantenimiento y un gerente de división. Propone que el más alto directivo no podrá ganar más de 20 veces que el obrero menos calificado. Si el ingreso del directivo excede esa suma el remanente deberá ser entregado al Estado como prestación de seguridad social. Si partimos de salarios básicos de Q. 2,500 ningún directivo podrá ganar más de Q. 50,000. Plantea asimismo que los puestos directivos (gerencias) se obtengan por medio de votación que incluya a todos los trabajadores.
Por su parte Ollanta Humala, quien ha sorprendido desde el principio pues se le consideró que iba a mantener corriente socialista y de la tendencia de Hugo Chávez, ha conducido al Perú con un dinamismo equilibrado; propone reducir los impuestos a las empresas que generan empleo; estudia su gobierno la composición del Impuesto Sobre la Renta y cuánto afecta en el marco de iniciativas para promover las inversiones en el país. Los países de la región enfrentan la desaceleración subiendo impuesto, el gobierno de Humala piensa lo contrario. Es menester promover empleo y apoyar a quienes lo generan.
