Eduardo Villatoro
También he reiterado que cuando la codicia desmedida atropella deliberadamente valores inherentes a la personalidad humana y traspasa los débiles límites que con mucha dificultad impone el Estado en un país como Guatemala, incluyendo tablas de salarios miserables, agotadoras jornadas laborales, incumplimiento de prestaciones adicionales (días de descanso oficiales, vacaciones, bonos, indemnizaciones, renuencia a cotizar al régimen de seguridad social, entre otras) acaparamiento y exagerado incremento de ganancias en la venta de artículos de primera necesidad en casos de emergencia, las personas que se valen de estas argucias y violentan diversas normas que rigen la actividad comercial, industrial y de servicios, así como elementales reglas de convivencia humana, en detrimento de mínimos derechos de la clase trabajadora y de usuarios y consumidores, se desvirtúa por completo el objetivo fundamental de las empresas de cualquier naturaleza, contribuyendo a que se agudice la pobreza, la escasez de empleo, el deterioro en los servicios públicos de la educación, la salud y el bienestar general.
Vienen al caso esos desordenados razonamientos a raíz de un reportaje de Prensa Libre en torno al transporte urbano de pasajeros, con énfasis en lamentables y desdichadas circunstancias que afrontan cotidianamente las personas con capacidades especiales, en su necesidad de transportarse de un lugar a otro en el perímetro urbano y que se valen de sillas de ruedas, muletas y bastones para apoyarse en sus desplazamientos, dificultándose utilizar los autobuses del Transurbano, porque éstos no cumplen con normas de accesibilidad universal, menos aún esos armatostes llamados camionetas, a lo que se añade la insolente, irrespetuosa y malvada conducta de muchos de los conductores de esos automotores, que vedan a los ancianos a ejercer su derecho de desplazarse gratuitamente por esos medios de locomoción, como lo comprobó personal del Ministerio Público.
Cerciórese de la miserable conducta de un sector patronal, mediante la infame declaración del vicepresidente de Empresas de Autobuses Urbanos, Luis Gómez, respecto a este problema que afecta a miles de guatemaltecos de raquíticos ingresos, advirtiendo que esos empresarios “No estamos obligados a resolver el problema que afrontan los discapacitados, porque somos prestadores de servicio privado”, como quien dice “No nos importan las necesidades de esos infelices; lo que queremos es hacer más pisto y recibir más subsidios del Gobierno”.
¡Hasta que extremos conduce la cruel codicia exagerada!
(Un voraz empresario del transporte urbano le confía a Romualdo Tishudo: A veces me siento tan mal por lo que hago. Entonces agarro un sillón confortable y me siento bien).
