Con los antecedentes que tenemos en materia de derechos humanos y la alta conflictividad social que se vive en distintas regiones del país, es fundamental que se puedan prevenir abusos de una u otra parte y para ello nada mejor que usar la tecnología que, además, tiene un efecto disuasivo porque ante la certeza de que todo quedará debidamente grabado para evitar dimes y diretes, todos asumirán posturas más racionales y nadie querrá ser el primero en provocar conflicto y cargar con las consecuencias y responsabilidades de lo que pueda ocurrir.
La inversión para equipos de filmación con la finalidad de dejar constancias panorámicas de lo ocurrido cuando hay un desalojo, por ejemplo, es mínima comparada con lo que se derrocha en otras cuestiones de la gestión pública. Y la cantidad de conflictos que se pueden evitar, además de las vidas que se pueden salvar, es enorme y solo eso basta y sobra para que se haga la inversión y se implemente la política de documentar las acciones policiales.
Si el gobierno cree que su fuerza pública actúa conforme a normas y procedimientos que respetan los derechos humanos e insiste en que la organización popular es la que actúa de manera delictiva, mayor razón entonces para que tome la iniciativa y demuestre con filmaciones inobjetables la razón de su dicho. Negarse a implementar un procedimiento tan sencillo como éste sería una especie de reconocimiento de que no tienen todas consigo en materia de derechos humanos y que no pueden probar las supuestas provocaciones que sufren los agentes cuando cumplen con su deber.
Es una solución relativamente sencilla y de bajo costo la que proponemos, pero que nos permitiría tener la tranquilidad de saber a ciencia cierta qué es lo que ocurre cuando se produce una acción como los desalojos de ayer. Y además es importante recalcar en el efecto disuasivo que tendría la certeza de que todo está siendo filmado, porque ni pobladores ni agentes van a querer ser los que resulten identificados como quienes iniciaron las acciones que generaron la violencia que cobra vidas. Ojalá el Ministro López Bonilla tome nota de la propuesta.
