En toda sociedad democrática, el juez constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Su misión no consiste únicamente en resolver conflictos, sino en garantizar que la ley prevalezca sobre los intereses particulares, las presiones políticas y las influencias económicas. Por ello, la función del juez soberano e independiente es esencial para asegurar una justicia imparcial y confiable.
La independencia judicial significa que los jueces deben decidir los casos sometidos a su conocimiento únicamente con base en la Constitución, las leyes y las pruebas aportadas al proceso, sin recibir órdenes, presiones o interferencias de ningún poder público o privado. Este principio es reconocido por instrumentos internacionales y constituye una garantía fundamental para la protección de los derechos humanos.
Un juez soberano en el ejercicio de su función jurisdiccional no responde a intereses políticos, económicos o mediáticos. Su única obligación es aplicar el derecho de manera objetiva e imparcial. En Guatemala, la legislación reconoce que jueces y magistrados son independientes y están sujetos únicamente a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por el Estado. Asimismo, no existe subordinación jerárquica en cuanto a sus decisiones judiciales.
La independencia judicial no constituye un privilegio para los jueces, sino una garantía para la ciudadanía. Cuando un ciudadano acude a un tribunal, tiene derecho a que su caso sea resuelto por una autoridad libre de presiones externas, capaz de proteger sus derechos frente a posibles abusos del poder. La confianza pública en el sistema de justicia depende, en gran medida, de que los jueces actúen con autonomía y rectitud.
Los administradores de justicia de cualquier ramo y categoría, están sujetos, según lo que dice la Constitución. Su independencia en el ejercicio del cargo, la deben demostrar con independencia y ser fieles cumplidores del mandato constitucional, resolver en contra de lo que dicen las normas, contraviene su honorabilidad, su honradez, decencia y será la historia la que los juzgue y resuelvan con intereses políticos como pago de favores para los que los seleccionaron, eligieron y nombraron.
La ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad y la Constitución Política de la República de Guatemala, regula que la Corte de Constitucionalidad fue instituida para “la defensa del orden constitucional que plantea conflictos e intereses públicos y privados”. Sectores políticos, sociales y tanques de pensamiento cuestionaron la elección de tres de los nuevos magistrados que conforman el máximo tribunal constitucional. Mario Molina Barreto se ha desempeñado en esa plaza en cuatro períodos al igual que su colega Dina Josefina Ochoa Escribá. En sus resoluciones los togados se han plegado a intereses espurios y políticos, no han sido independientes como juzgadores “sino parciales para favorecer a quienes los nombraron”.
Se cuestiona severamente a la magistrada Julia Rivera, elegida para ese cargo por el cuestionado y usurpador Consejo Superior Universitario, gracias al parentesco que tiene con quien es secretario del CSU, quien como pago de favores fue ponente en una de las acciones que sustancia el ente constitucional por la reelección ilegal del rector Walter Mazariegos, que por dignidad y tener interés personal estaba obligada a “inhibirse” para conocer una de las acciones contra la reelección del usurpador rector, quien tiene tácita prohibición para seguir en el cargo, al no contar con finiquito, y abiertos procesos por malversación de cargos que le formuló la Contraloría en el Ministerio Público, que están estancados. Tribunales de menor categoría resolvieron que la reelección de Mazariegos, en un proceso viciado en Antigua Guatemala meses atrás adolece de credibilidad y certeza. Varios de los electores ya cumplieron su período en el cargo y se debieron ceder las plazas de miembros de ese organismo universitario a los nuevos electos.
Estudiantes universitarios y varios sectores se han apostado frente al edificio de la CC, demandando se haga justicia y se resuelva que ha lugar las acciones contra la reelección de Mazariegos de quien se dice manipula a los catedráticos y decanos, mediante sobornos y dádivas económicas.
La tricentenaria, inclaudicable e insobornable Universidad de San Carlos de Guatemala, debe ser la entidad superior que todos los egresados de esa casa de estudios pugnamos. Los magistrados del máximo Tribunal Constitucional, deben ser soberanos del Estado de Derecho, actuar con apego a la ley y cumplir su mandato que les delegó el pueblo al ser seleccionados y nombrados y los que los eligieron tener clara conciencia de que para esos cargos se debe nombrar a profesionales de alto perfil, no por cuestiones políticas y económicas.
El antecedente que dio la Corte de Constitucionalidad, con el caso de Mazariegos, podría tener graves incidentes en el proceso electoral para elegir a los futuros gobernantes del país, un proceso que anticipadamente está dando pasos falsos con políticos de viejo cuño, como los diputados y alcaldes que pretenden reelegirse para seguir robando y haciendo dinero a manos llenas a costa del sufrido y hambriento pueblo de Guatemala.
El caso de la administración de justicia preocupa al pueblo y a los organismos internacionales, se espera que el nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Gerardo García Luna, asuma el rol que le corresponde y actúe con plena conciencia de que el puesto no es político, hacer una reorganización en el ente investigador, traslados a fiscales que fueron aliados de su antecesora María Consuelo Porras Argueta, a quien se le otorgó una indemnización ilegal de varios millones de quetzales, vive enclaustrada en su casa, no puede salir del país, porque tiene vedado pisar tierras extranjeras, está en la lista negra a igual que sus colaboradores por su marcado parcialismo en su gestión de ocho años en tal entidad.
En relación al tema de justicia en Guatemala, es un fenómeno que viene de décadas al seleccionarse, elegirse y nombrarse a magistrados y jueces sin un perfil de capacidad, más que todo por intereses políticos y económicos para favorecer a políticos que han amasado fortunas millonarias y que viven al margen de la ley y el pueblo, muriéndose de hambre.
Se espera en resumen que la Corte de Constitucionalidad resuelva el caso del usurpador Mazariegos, con apego a derecho. Está demostrado hasta la saciedad que él es un usurpador y hace cuatro años llegó apuesto por las presiones que hizo el corrupto expresidente Alejandro Giammattei Falla, que ordenó a las fuerzas de seguridad cerrar el ingreso de los opositores del relacionado rector que es dueño de varias universidades y tiene el control absoluto del Consejo Superior Universitario.
Se espera que los magistrados se desliguen de intereses políticos y eviten que haya incidentes por la imposición de Mazariegos, que por dignidad y en bien de la tricentenaria debe resignar el cargo a otros profesionales que tienen la idea que la USAC vuelve a hacer lo que todos los egresados deseamos en bien de los futuros profesionales que serán los que en los próximos años dirijan el país.
