El Ministerio de Gobernación respondió este miércoles a la resolución emitida el 11 de agosto por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), que declaró violadores de derechos humanos a dos mandos de la Policía Nacional Civil (PNC) por su actuación durante el desalojo de una mujer de la tercera edad en el caserío Xecoxó, aldea Tzalbal, municipio de Santa María Nebaj, Quiché, ocurrido el 30 de julio pasado.
Según trascendió, Pedro Santiago, hijo de Juana Santiago Chel, la mujer desalojada, tramitó judicialmente el lanzamiento de un inmueble de 40 cuerdas en Xecoxó, hecho que se habría originado por una disputada de tierras.
La orden fue emitida por la jueza Ada Madaí López Morales, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Santa María Nebaj.
Ese día, agentes de la PNC ejecutaron la diligencia y sacaron por la fuerza de la vivienda a Juana Santiago Chel, de 72 años, quien vivía junto a su hermana de 77, su hija de 52 y un nieto con discapacidad.
El hecho generó indignación entre los pobladores de la comunidad, quienes además señalaron que un vecino que intentó auxiliar a la anciana fue detenido, lo que incrementó la molestia general.
Los comunitarios se manifestaron frente al Ministerio Público y posteriormente incendiaron la vivienda de la jueza López Morales, a quien responsabilizaron de la orden de desalojo. El Organismo Judicial condenó el hecho como un ataque a la independencia judicial y anunció acompañamiento a la funcionaria.
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REACCIÓN DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Ese mismo día, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, defendió la actuación policial al señalar que los agentes respondieron a una orden judicial firme que había agotado todas las instancias de revisión.
No obstante, reconoció que las imágenes del operativo resultaban difíciles de procesar y anunció que el Ministerio y la PNC evaluarían si se cumplieron los protocolos correspondientes, sobre todo por tratarse de una persona adulta mayor.
Un día después, el 31 de julio, la Inspectoría General de la PNC anunció el inicio de oficio de una investigación interna para auditar la actuación del personal operativo.
En un comunicado emitido este 12 de agosto, el Ministerio de Gobernación subrayó que la diligencia no fue ejecutada de manera unilateral por parte de la PNC, sino que contó con la participación de representantes del juzgado, una intérprete judicial, personal de la Procuraduría General de la Nación, incluida una trabajadora social, la Inspectoría General de la propia PNC, paramédicos de bomberos y, de un delegado de la PDH, institución que según Gobernación acompañó el procedimiento desde el lugar de los hechos.
El Ministerio remarcó que la investigación disciplinaria interna se activó desde el 31 de julio, más de una semana antes de que la PDH emitiera su resolución, y afirmó que dará seguimiento a los señalamientos individuales dentro de ese proceso, garantizando el debido proceso a los agentes investigados.
De confirmarse anomalías, el caso pasaría a los Tribunales Disciplinarios y al Ministerio Público, sin perjuicio de las remisiones ya realizadas por la PDH a la Fiscalía Municipal de Santa María Nebaj.
El ministerio anunció además instrucciones a la Dirección General de la PNC para reforzar el cumplimiento del protocolo de desalojos y fortalecer la capacitación de los agentes en mediación y derechos humanos.
RESOLUCIÓN DE LA PDH
Dos semanas después, el procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, declaró como violadores de derechos humanos al oficial tercero Gerson Onelio Benites Rivera y al comisario Feliciano Cruz Vásquez, ambos de la PNC, por vulnerar la seguridad e integridad personal de Juana Santiago Chel, de los ocupantes de la vivienda y de los pobladores de Xecoxó.
Córdova afirmó que el Estado no puede tolerar el abuso de poder y que la aplicación de la ley exige pleno respeto a los derechos humanos.
Entre las recomendaciones de la PDH figuran, deducir responsabilidades administrativas y penales contra los agentes señalados, garantizar la aplicación del Protocolo de Actuación Policial de Desalojos, reforzar la formación policial en mediación y derechos humanos, y vigilar el cumplimiento de la normativa que prohíbe el uso de pasamontañas por parte de la PNC.
La resolución también fue remitida al Ministerio Público, así como al Consejo de la Carrera Judicial y a los órganos disciplinarios del Organismo Judicial, para que se evalúe la actuación de la jueza López Morales.
