El próximo octubre debe tomar posesión el nuevo Contralor General de Cuentas de la Nación y será elegido por el Congreso de la República para sustituir a Frank Bode Fuentes, quien en los últimos meses de su gestión, ha promovido denuncias en el Ministerio Público por malos manejos en varias instituciones del Estado y lo que suma varios millones de quetzales, para obligar a los malversadores de la cosa pública, a devolver el dinero mal habido a la hacienda pública, de contravenir tal decisión los imputados, se les puede embargar bienes, salarios, cuentas bancarias, como indica la ley de la materia.
La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los Organismos del Estado, de los municipios, y de las entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas.
EI Contralor será electo para un período de cuatro años, por el Congreso y por mayoría absoluta de diputados. Podrá ser removido en casos de negligencia, delito o falta de idoneidad. Rendirá informes de su gestión al Organismo Legislativo, gozará de iguales inmunidades de los magistrados de las Salas de Apelaciones y no podrá ser reelecto, indica la carta magna.
El Congreso hará la elección de una nómina de seis candidatos propuestos por la Comisión de Postulación integrada por un representante de los rectores de las Universidades, quien la preside, los decanos de las facultades que incluyen carreras de Contaduría Pública y Auditoría de cada universidad del país y un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Economistas, Contadores Públicos, Auditores y Administradores de Empresas.
Hasta ahora se desconocen nombres de los profesionales de esa materia que pretenden dirigir el ente fiscalizador. En todos estos procesos se quiera o no aceptar, es un evento político por los actores que participan en el proceso. Cada comisionado tiene interés en que su candidato conforme la nómina y en última instancia es el Congreso, el que elige al profesional, que debe reunir de acuerdo con la carta magna, el perfil de idoneidad, capacidad y decencia.
Por funcionarios de turno, políticos, empresarios, todo aquel sujeto que maneja fondos públicos, propicia que su elegido sea el nombrado para ese cargo, como ha sido usual en todos los regímenes sean estos dictatoriales y democráticos.
Se exhorta a los comisionados que el proceso de selección, elección y nombramiento para el jefe de ese ente fiscalizador, sea trasparente para dar oportunidad, que se cuestione haciendo uso de los mecanismos que señalan las leyes de la materia para impulsar al no idóneo.
Para llegar a ese cargo se necesita que el perfil del seleccionado, elegido y nombrado con la experiencia en el ramo de la fiscalización, no sea un don nadie que puede ser manipulado por fuerzas extrañas, como ha sido norma antidemocrática en el pasado. Hay casos que los jefes del Ejecutivo presionan al Contralor General de Cuentas, para desvanecer los reparos y auditorías que se hacen en el sector público.
Los contralores que fiscalizan el sector público y las municipalidades -entre otras entidades- son sobornados con sumas de dinero, dependiendo el monto de los fondos mal manejados.
De tal suerte que se exhorta a los comisionados y a los diputados que por ley tienen que seleccionar, elegir y nombrar al próximo jefe de esa importante entidad, que se desliguen de compromisos políticos, sectarios y espurios y que cumplan con su deber de demostrar honradez e idoneidad, en bien de Guatemala, que en los últimos años ha sido atrapada por la corrupción, un mal endémico, que no ha sido erradicado y se pide al Ministerio Público, y al Organismo Judicial, actuar con decoro y dignidad en bien de Guatemala.
