Los diputados oficialistas y sus aliados aprobaron el presupuesto general de gastos de la nación, que tiene claros vicios de inconsistencia y debe ser vetado por el presidente Alejandro Giammattei y accionar en la Corte de Constitucionalidad. Tiene dedicación expresa para favorecer a los futuros legisladores, alcaldes del pacto de corruptos y a ONG. recortándole millones de quetzales a los ministerios de educación, gobernación, salud pública y otras dependencias, favoreciendo al Organismo Judicial y al Ministerio Público, como paga por las resoluciones de los jueces corruptos y la judicialización del ente investigador, para afectar al partido Movimiento Semilla y a los futuros gobernantes.
La comisión de finanzas presidida por el diputado oficialista Cándido Leal, se prestó a esa sucia maniobra, desoyendo las observaciones de los congresistas de oposición, que manifestaron que aprobar el presupuesto para el año entrante, debería tener todas las normas a favor de la educación, la salud, que se vio obligada a pedir trasferencias millonarias para hacer frente a la crisis que se tiene en los nosocomios, especialmente en el Hospital General San Juan de Dios, con deudas millonarias, afectando a miles de pacientes que mueren por no recibir a tiempo un tratamiento, según su cuadro clínico.
La educación desde hace años ha venido a menos y se ha perjudicado a los futuros profesionales. La seguridad es otro tema recurrente que está en decadencia y aprovechado por el crimen organizado, favoreciendo a las maras que extorsionan y matan, quien se opone a sus acciones ilícitas. Los diputados oficialistas dirigidos por el diputado chiquimulteco Boris España, oficialista de Vamos, antes de Todos, se prestaron al juego, con la consabida intención de perjudicar al gobierno que asumirá el 14 de enero, si es que no prosperan las acciones espurias y politiqueras del Ministerio Público.
El nuevo presupuesto del año entrante menoscaba las finanzas del Estado y obligará al futuro gobierno, a accionar para impugnarlo y hacer transferencias para los ministerios que necesitan fondos para hacer frente necesidades económicas. Si efectivamente Giammattei, no está detrás de la corrupción de su gobierno, en los últimos días que le quedan de gestión, debe vetar el presupuesto, de no hacerlo obliga a los congresistas que tacharon a sus colegas de plegarse a pactos corruptos y la CC. resolver de acuerdo a derecho y en bien de millones de guatemaltecos que ya se han pronunciado que el presupuesto del año entrante, tiene irregularidades y tiene graves errores que es tiempo de corregirlos y recomienda que se anule y quede en vigencia el de este año.
La ambición del grupo clientelar seria el favorecido, especialmente los alcaldes que fueron reelectos y diputados distritales. En corrillos del hemiciclo parlamentario corrió la voz que los diputados deberían aprobar el presupuesto tal como lo “analizó” la comisión de Leal, corriendo dinero a manos llenas para que en un cerrar de ojos y sin mayor análisis y discusión, sea aprobara antes del 30 de noviembre.
Hasta ahora se desconoce las razones de la presidenta del legislativo Shirley Rivera, se desmarcó de no asistir al pleno para dirigir la asamblea y obligó al fantoche España, a presidir las últimas sesiones y llegó al descaro el legislador que con micrófono abierto tuvo una expresión vulgar que fue escuchada en todo el pleno y fue recriminado por una asistente del Legislativo cuando se escuchó tan vulgar frase. Pero esa es la clase de diputados que fueron reelectos y se debe pedir su renuncia por incapaces, corruptos y plegarse a los designios del ejecutivo y tener cooptado todos los organismos del Estado.
